Santo Domingo. – La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) expresó su apoyo a la modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Senado, al considerar que los cambios introducidos reducirían el impacto económico que la normativa tendría sobre miles de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
La organización sostuvo que las modificaciones plantean un esquema de contribuciones más acorde con la capacidad económica de los distintos sectores productivos, tomando en cuenta el tamaño y nivel de facturación de las empresas.
Según datos citados por la federación, alrededor del 98.6% de las empresas formales registradas en el país corresponden al segmento de las Mipymes, lo que representa unas 285 mil unidades productivas inscritas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
La entidad señaló que uno de los principales puntos de debate en torno a la legislación ha sido el costo de las contribuciones destinadas al manejo de residuos sólidos, aspecto que diversos sectores empresariales han considerado desproporcionado para los negocios de menor tamaño.
Asimismo, indicó que en el país operan un número reducido de grandes empresas con niveles de facturación significativamente superiores al resto del tejido productivo, por lo que entiende que las obligaciones económicas derivadas de la ley deben establecerse de forma diferenciada.
La FDC valoró la aprobación de la pieza legislativa en la Cámara Alta y confió en que la Cámara de Diputados concluya el proceso de discusión en los próximos días.
Debate sobre la ley
La Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos ha generado discusiones entre sectores empresariales, ambientales y municipales desde su entrada en vigencia.
Mientras sus defensores sostienen que la normativa busca fortalecer el manejo adecuado de los desechos y garantizar recursos para la sostenibilidad ambiental, representantes del comercio y de las Mipymes han reclamado ajustes para evitar que las cargas económicas afecten la competitividad y operación de los pequeños negocios.
La discusión cobra mayor relevancia debido a la proximidad del vencimiento del plazo establecido para el pago de las contribuciones contempladas en la legislación, fijado para el próximo 30 de junio.