Las medidas que debieron tomarse hace años…ahora en la crisis extrema, recuperemos el tiempo perdido.
Muchas de las medidas de emergencia, que en este momento de crisis global-determinada por la primera guerra mundial híbrida-, estamos proponiendo a los poderes públicos y al liderazgo nacional en general , a título simplemente enunciativo, en realidad debieron estar ejecutándose hace años.
En cualquier caso, resulta imperativo ejecutarlas cuanto antes, sin más dilaciones, no solo porque lo exigen las circunstancias extremas imperantes, sino también por que lo dictan nuestros intereses nacionales, y los mandatos de la Constitución y las leyes dentro de una visión de seguridad energética y alimentaria.
Lo cierto es que el escenario de crisis presente debió preverse hace tiempo, ya que era visible, desde el 7 de octubre del 2023 o desde la llamada guerra de los 12 días entre Irán, EEUU e Israel , o incluso, desde el estallido de la crisis de Ucrania, para no tener que actuar con un sentido reactivo, defensivo, desfasado e insuficiente, como acontece ahora.
Los poderosos intereses creados de los que se creen dueños de “una RD finca con pasaporte”, la inercia desesperante de la burocracia publica, así como la evidente ausencia de un proyecto nacional fuerte e integrador que trabaje para convertirnos en una nación más que resiliente, antifragil, no pueden seguir bloqueando los esfuerzos y propuestas que formulamos a continuación:
- Priorizar exploraciones. Con base en el artículo 17.1 de la Constitución de la República, iniciar con carácter de urgencia las campañas de exploración y explotación de los yacimientos hidrocarburiferos identificados en la Bahía de Ocoa y la plataforma San Pedro de Macorís, donde existen sistemas con evidente potencial comercial. Lo mismo puede y debe hacerse en otras áreas terrestres y marinas, empleando tecnología de punta, así como trabajos elementales de lanzamiento de sísmicas, con el involucramiento de la Refinería Dominicana de Petróleo como empresa pública y el Ministerio de Energía y Minas.
- Compras consolidadas hidrocarburos líquidos y gaseosos de los sectores públicos y privados. La adopción de este mecanismo de emergencia se traducirá en mejores precios y mayores reservas.
- Aplicación de ley de renovables para la producción y mezcla del bio etanol y biodiesel con la gasolina y el diesel. La ley de energías renovables tiene mandatos claros sobre el particular, que combinados con la legislación de incentivos de inversión en la frontera, podrían generar una nueva agroindustria y menor dependencia de combustible fósil importado. La mezcla de gasolina y diésel con bio/carburantes podría ser del 90/10 y del 70/30, respectivamente. La experiencia de Brasil y EEUU resultan de gran valor.
- Ley de eficiencia y ahorro de recursos. No existe ninguna justificación para que esta iniciativa, que fue presentada por nuestra organización hace cerca de 20 años, no haya sido aprobada en el Congreso Nacional ni entrado en la agenda de las metas nacionales. Cualquier nación con un instrumento legal de este tipo, bien aplicado, puede reducir por lo menos un 20% sus necesidades energéticas, y generar muchos mecanismos de economía circular, reciclaje y reutilizacion, así como edificaciones y practicas públicas y privadas más eficientes y sostenibles.
- Producción de abono orgánico. En nuestro país existen condiciones para escalar de manera significativa la producción local de abono orgánico de alta calidad . Es necesario fomentar alianzas de las municipalidades con las empresas agropecuarias y de insumos agrícolas para aprovechar ese potencial. Saludamos los pasos que se han dado últimamente de generar abono a partir de los sargazos. En ese mismo sentido, se impone fabricar/importar Biodigestores de alta eficiencia, para las zonas rurales que generen el subproducto del abono.
- Reforma institucional estratégica de descentralización de la construcción, reconstrucción, mantenimiento y gestión caminos productivos, canales secundarios de riego, embalses y micro y minicentrales eléctricas en las zonas rurales. Son las comunidades rurales con sus juntas de productores, propietarios y cooperativas campesinas las que deben tener esas funciones, limitándose los ministerios a su fiscalización y regulación.
- El Ministerio de Agricultura, en alianza con las comunidades rurales y grupos empresariales debe emprender cuanto antes mejor, un programa de siembra de cultivos de ciclo corto en todo el territorio nacional, así como decretar la prioridad de contar con una reserva estratégica de alimentos, propuestas que le formulamos a la autoridad de compra y contrataciónes.
- Agricultura urbana y suburbana. Las municipalidades deben emprender programas de agricultura urbana, suburbana, y de educación y concienciación ciudadana en relación a prácticas de conservación y mantenimiento, así como de buena alimentación.
- Adquisición/ Fabricación de Flota de Cabotaje Insular y Regional, así como una flota de pesca y su correspondiente cadena de frío. Todos los embalses de presas y las zonas costeras apropiadas, deben ser utilizados para la producción de alimentos marinos con prácticas de maricultura y piscicultura. En este punto, entendemos que es necesario demandar de las autoridades una aclaración acerca de la situación medioambiental del embalse de la presa de Hatillo.
- Retomar la norma de acceso a terceros en infraestructuras de gas natural, para garantizar competencia y transparencia. Dicha norma fue formulada por el MEM con estándares internacionales en el 2015, para consulta pública, y sin embargo, fue descartada sin justificación, lo que puede fomentar prácticas anti competitivas, extractivas de rentas y limitar la expansión de esas infraestructuras críticas.
- Revisión y ajuste de los márgenes de ganancia de sectores sujetos a tarifas, como el transporte, los combustibles y la electricidad. Las ineficiencias de un parque de vehículos de transporte de carga y los costos ocultos de las concentraciones monopolísticas, extractivas de rentas, deben corregirse con un programa de medidas de fiscalización, regulación y transformación. La intermediación no puede seguir representando costos leoninos, para la población en general y para la economía popular en particular.
- Revisión del régimen de tributación de BG en Pueblo Viejo, Sánchez Ramírez. Hace tiempo que el gobierno debió producir un ajuste en el trato minero en los proyectos de explotación de oro; considerando las ganancias exhorbitantes de ese rubro. Recientemente, se conoció una denuncia bien sustentada de que el proyecto BGPV fue favorecido con más de 1,115 millones de dólares, por el abandono del IMA. Muchos de los recursos recuperados u obtenidos por esta vía, deben afectarse al financiamiento de estos programas de reconversión que se han expuesto precedentemente. Asimismo, para el mismo fin procede el establecimiento de un impuesto selectivo del 10% a las apuestas en las bancas de lotería y deportivas, y en los casinos.