Santo Domingo.– El Senado aprobó este martes el proyecto de ley que prohíbe la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso, una iniciativa que también busca abrir la posibilidad de que República Dominicana gestione ante Estados Unidos una reducción del arancel adicional de 2.5% aplicado a sus exportaciones.
La propuesta, de la autoría del senador Félix Bautista y suscrita por otros legisladores, establece mecanismos para identificar, verificar y prohibir el ingreso al país de productos fabricados, procesados o elaborados total o parcialmente mediante trabajo forzoso.
Bautista sostiene que la diferencia de 2.5 puntos porcentuales frente a países que pagan un arancel de 10% representa un costo de alrededor de US$180 millones anuales para el sector exportador dominicano.
El proyecto plantea que, una vez aprobada la legislación, el Gobierno dominicano pueda utilizarla como argumento para solicitar a Estados Unidos la reducción de la tasa aplicada a los productos dominicanos.
La medida llega después de que el Poder Ejecutivo emitiera en julio el Decreto 502-26, que estableció un procedimiento para prevenir, identificar y restringir la importación de mercancías vinculadas al trabajo forzoso. Ese decreto también faculta a la Dirección General de Aduanas a prohibir, mediante decisión motivada, el ingreso de mercancías cuando se determine que fueron producidas bajo esas condiciones.
La nueva legislación ampliaría ese marco mediante un régimen legal que incluye la debida diligencia en las cadenas de suministro, intercambio de información y coordinación entre instituciones públicas.
Entre los indicadores que permitirían identificar posibles casos de trabajo forzoso figuran el abuso de vulnerabilidad, engaño, restricción de movimiento, aislamiento, violencia física o sexual, intimidación, retención de documentos o salarios, servidumbre por deudas, condiciones laborales abusivas y jornadas extraordinarias excesivas.
La aplicación de la normativa involucraría al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Aduanas, instituciones que deberán establecer un protocolo de actuación.
El proyecto fue aprobado a unanimidad por los senadores presentes durante una sesión celebrada en Bonao, provincia Monseñor Nouel.
La iniciativa deberá completar ahora el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse formalmente en ley.