SANTO DOMINGO. – Diversos movimientos sociales y sindicales han denunciado la profundización de la crisis económica y energética en República Dominicana, señalando que las políticas implementadas por el gobierno afectan gravemente a la clase trabajadora, aumentan la desigualdad y agravan la crisis social en el país.
En una carta dirigida al ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, el Bloque Popular Jesús Adón, la Unión Clasista de Trabajadores (UCT), el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y el Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS) expresaron su preocupación por la creciente precarización de la economía popular. En la misiva, los colectivos criticaron la privatización de los servicios de energía, el aumento de los peajes y el manejo de los recursos públicos, medidas que, según afirman, van en detrimento de la ciudadanía.
Impacto Económico en la Clase Trabajadora
Según el documento, la administración privada de los servicios energéticos representa un retroceso en el bienestar social al convertir un derecho fundamental en un negocio lucrativo para unos pocos. «Es inaceptable que los dominicanos paguen tarifas eléctricas abusivas mientras los beneficios se concentran en manos de grandes empresarios», expresaron los firmantes.
Asimismo, denunciaron que el incremento de los peajes y otras medidas de recaudación fiscal impactan directamente sobre los trabajadores, sin una legislación adecuada para proteger a los sectores más vulnerables. «El gobierno fortalece la acumulación de capitales sin considerar a quienes realmente generan la riqueza del país: los trabajadores. Mientras la economía crece para unos pocos, la mayoría sigue siendo víctima de un modelo que fomenta la explotación y los bajos salarios», indicaron.
Crisis Energética y Afectaciones a la Población.
Por su parte, el presidente de los Derechos Humanos, Mario Mercede, alertó sobre el alarmante aumento en el costo de la canasta familiar, sin que el gobierno implemente medidas de alivio para los sectores más afectados. Además, destacó que los prolongados apagones, que pueden extenderse hasta 12 horas en algunas zonas, están deteriorando la calidad de vida de los ciudadanos, generando pérdidas económicas y afectando la seguridad en las comunidades.
Mercede también denunció la escasez de gas licuado de petróleo, lo que ha provocado un aumento en su precio y ha afectado a miles de familias que dependen de este recurso para sus actividades diarias. «Estamos ante una crisis energética que golpea directamente a los más pobres, mientras el gobierno sigue sin tomar medidas concretas para resolver la situación», enfatizó.
Exigencias al Gobierno.
Las organizaciones firmantes exigieron a las autoridades la implementación de medidas urgentes para garantizar estabilidad económica y social en el país. Entre sus principales demandas se encuentran:
Una reforma fiscal equitativa que no afecte desproporcionadamente a la clase trabajadora y que base la tributación en la riqueza acumulada.
Reducción de tarifas eléctricas y eliminación de apagones prolongados, asegurando un servicio de calidad.
Acceso asequible al gas licuado de petróleo, evitando el acaparamiento y la especulación en los precios.
Fortalecimiento de los salarios y protección de los derechos laborales para garantizar condiciones dignas a los trabajadores.
Finalmente, los movimientos sociales advirtieron que, de no obtener respuestas concretas por parte del gobierno, convocarán nuevas movilizaciones para exigir soluciones reales a la crisis que enfrenta el país.