Redacción. – Ayer fui uno de los tantos ciudadanos que terminó siendo víctima de la forma en que opera Parqueate RD. Mi vehículo fue remolcado por estar estacionado en una zona prohibida. No voy a justificar una infracción; si cometí un error, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad.
Lo que no puedo aceptar es la manera arbitraria y desigual en que se aplica la ley.
Mientras mi vehículo fue retirado en cuestión de minutos, basta recorrer cualquier sector de Santo Domingo para encontrar decenas de vehículos mal estacionados que permanecen durante horas sin que ninguna autoridad intervenga. La ley no puede ser selectiva. Si se aplica solo a unos y a otros no, deja de ser justicia y se convierte en arbitrariedad.
Lo más indignante es que tuve que pagar RD$5,000 para recuperar mi vehículo: RD$4,000 por el remolque y RD$1,000 por la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿el objetivo es organizar el tránsito o recaudar dinero a costa de los ciudadanos?
A esto se suma otra realidad que las autoridades parecen ignorar. En gran parte de la ciudad hay calles ocupadas ilegalmente con conos, cadenas, bloques de cemento, tanques, neumáticos y otros obstáculos colocados por negocios y particulares que se han apropiado de los espacios públicos para impedir que otros se estacionen. Es una práctica ilegal que lleva años ocurriendo ante la mirada indiferente de las autoridades.
¿Por qué esos obstáculos permanecen donde están sin consecuencias? ¿Por qué no existe el mismo empeño para liberar los espacios públicos que para remolcar vehículos?
Si el propósito es imponer el orden, entonces háganlo de manera integral. Retiren también los obstáculos ilegales, sancionen a quienes se apropian de las calles y fiscalicen a todos por igual.
No me opongo a que me fiscalicen. Si violé una norma, que me impongan la multa correspondiente. Pero llevarse el vehículo y obligar al ciudadano a pagar RD$5,000 para recuperarlo resulta una medida excesiva cuando la aplicación de la ley es claramente desigual.
La autoridad se fortalece cuando actúa con justicia, no cuando da la impresión de que el remolque se ha convertido en la primera opción y, para muchos ciudadanos, en un mecanismo de recaudación.
Fiscalícenme si cometí una infracción. Multenme si corresponde. Pero no me quiten el vehículo mientras otros violan las mismas normas sin consecuencia alguna y las calles siguen secuestradas por quienes creen que el espacio público tiene dueño

