Hay una costumbre que se ha vuelto cada vez más frecuente en la política dominicana: hacer público prácticamente todo lo que un funcionario o dirigente político entrega a un ciudadano. Una nevera, un televisor, una estufa, una computadora, una funda de alimentos o cualquier otro artículo termina convertido en fotografías, videos y publicaciones en las redes sociales.
El problema no está necesariamente en ayudar a una persona que lo necesita. El cuestionamiento comienza cuando esa ayuda, especialmente cuando se realiza con recursos públicos, se presenta como si fuera un gesto extraordinario, una muestra de generosidad personal o una dádiva que el ciudadano debería agradecer al funcionario de turno.
¿De quién es realmente ese dinero?
Esa es la pregunta que pocas veces aparece en las publicaciones.
Los recursos que administran los gobiernos no pertenecen a los funcionarios. Provienen, en gran medida, de los impuestos que pagan los ciudadanos y de otros ingresos que recibe el Estado. Por eso, cuando desde una institución pública se entrega un electrodoméstico, se financia una reparación, se construye una obra o se proporciona algún tipo de asistencia, no debería presentarse como si el funcionario estuviera sacando dinero de su bolsillo para beneficiar a una familia.
Es dinero público.
Sin embargo, basta con observar las redes sociales para encontrar una escena repetida: el funcionario llega, entrega el artículo, posa junto al beneficiario y las cámaras registran el momento. Luego aparecen las fotografías acompañadas de mensajes que destacan la “gestión”, el “compromiso” o la “sensibilidad” del político.
El ciudadano que recibe la ayuda queda convertido, muchas veces, en parte de una estrategia de comunicación política.
La política convertida en espectáculo
El problema no es solamente que se informe sobre el uso de los recursos públicos. La sociedad tiene derecho a saber cómo se utiliza el dinero del Estado. La transparencia es necesaria.
La diferencia está en informar y promocionarse.
Una cosa es explicar cuánto dinero se destinó a un programa, cuántas personas fueron beneficiadas, cuáles fueron los criterios para seleccionar a los beneficiarios y cuál fue el impacto de la iniciativa.
Otra muy distinta es utilizar la necesidad de una persona como escenario para construir la imagen de un político generoso.
Cuando la entrega de un televisor se convierte en una publicación cuidadosamente producida, con fotografías del funcionario, mensajes de agradecimiento y una exposición innecesaria de la familia beneficiada, cabe preguntarse si estamos frente a una política social o frente a una estrategia de promoción personal.
Y esto ocurre con artículos grandes y pequeños.
Un televisor puede parecer poca cosa frente al presupuesto de una institución pública. Una estufa, una nevera o una computadora pueden representar una ayuda importante para una familia, pero continúan siendo bienes adquiridos, directa o indirectamente, con recursos que pertenecen a la sociedad cuando provienen del presupuesto público.
Entonces, ¿por qué el funcionario aparece como protagonista?
El ciudadano no le debe gratitud al político
Hay otro aspecto que debería preocuparnos: la construcción de una cultura de agradecimiento personal hacia quienes administran el Estado.
El ciudadano no debería sentirse en deuda con un funcionario porque recibió un beneficio público al que tenía derecho conforme a un programa o política social.
Los servicios públicos no son regalos.
Las ayudas sociales tampoco deberían convertirse en instrumentos para establecer relaciones de dependencia política.
Cuando una persona recibe una vivienda, un electrodoméstico, una beca, una asistencia médica o cualquier otro beneficio financiado por el Estado, el mérito institucional está en haber diseñado y ejecutado correctamente una política pública. El mérito no debería atribuirse exclusivamente a quien aparece entregando el beneficio frente a una cámara.
El funcionario administra recursos que no son suyos.
Ese principio parece sencillo, pero en la práctica suele olvidarse.
La necesidad no debería ser contenido político
También habría que preguntarse hasta dónde es ético utilizar la imagen de una persona necesitada para promocionar una gestión política.
Hay familias que atraviesan situaciones económicas difíciles. Hay personas que necesitan una nevera, una estufa, una cama o incluso alimentos para poder resolver una necesidad básica.
Su situación no debería convertirse en contenido para las redes sociales de un político.
La dignidad de quien recibe una ayuda debería estar por encima de la necesidad de quien la entrega de demostrar públicamente que está haciendo algo.
Ayudar no debería requerir una cámara.
Y mucho menos cuando la ayuda se paga con dinero público.
El verdadero trabajo debería hablar por sí solo
Un funcionario que administra correctamente una institución debería poder rendir cuentas sin necesidad de convertir cada entrega en una fotografía.
La verdadera evaluación de una gestión debería estar en sus resultados: mejores servicios, hospitales funcionando, escuelas adecuadas, calles reparadas, transporte eficiente, seguridad, empleos, reducción de la burocracia y una administración transparente.
Eso sí constituye una gestión pública.
Entregar un televisor y publicarlo como una gran hazaña dice poco sobre la calidad de una administración. Incluso puede producir el efecto contrario: recordar que existe una enorme diferencia entre hacer política pública y hacer publicidad política con la política pública.
La sociedad tiene derecho a conocer en qué se gasta su dinero. Pero también tiene derecho a exigir que ese dinero sea utilizado con discreción, transparencia y respeto por quienes reciben los beneficios.
Porque al final, cuando un funcionario entrega algo comprado con recursos públicos, no está regalando lo suyo.
Está administrando lo que pertenece a todos.
Y quizá ha llegado el momento de dejar de aplaudir como un acto de generosidad personal aquello que, en realidad, debería entenderse como una responsabilidad pública.