Santo Domingo. – El Ministerio Público arrestó a 28 personas y realizó 37 allanamientos como parte de una nueva fase de la investigación por el presunto desfalco cometido contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La denominada Operación Cobra 2.0-A incluyó allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, informó el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público.
En los operativos participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. El Ministerio Público también indicó que en la investigación intervino la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Durante los allanamientos fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes, de acuerdo con el órgano acusador.
La investigación involucra a ex empleados de SeNaSa, médicos y otras personas a quienes el Ministerio Público atribuye la participación en un esquema mediante el cual se habrían sustraído miles de millones de pesos de la ARS estatal.
Investigación inició con la Operación Cobra
La nueva fase parte de la investigación iniciada con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público arrestó al entonces director ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado por los investigadores como uno de los principales implicados en el caso.
También fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva por 18 meses contra Hazim Albainy y los demás procesados. Ada Ledesma Ubiera cumple la misma medida bajo arresto domiciliario, luego de que el tribunal modificara su coerción por razones de salud el 16 de julio.
El proceso también alcanza a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen medidas de coerción que incluyen arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Asimismo, Ángel Luis Guzmán Vásquez permanece bajo prisión preventiva por 18 meses, medida que le fue ratificada el pasado 30 de julio por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Delitos investigados
De acuerdo con el Ministerio Público, a los imputados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La investigación sostiene que se habrían utilizado mecanismos como adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico para desviar recursos públicos.
El órgano acusador también investiga la participación de prestadores de servicios de salud en el supuesto esquema de fraude contra SeNaSa.
Operación Onco14
Dentro de las investigaciones relacionadas con el manejo de recursos vinculados a SeNaSa, el Ministerio Público también menciona la Operación Onco14, ejecutada en junio pasado.
En ese caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC); su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
El Ministerio Público sostiene que los involucrados y las entidades Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida habrían utilizado distintos mecanismos para sustraer fondos.
La investigación incluye alegadas irregularidades relacionadas con fraude clínico y farmacéutico, cambio de indicaciones médicas, utilización de sellos médicos falsos, doble facturación a SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos.
También se investigan la venta de medicamentos donados, contrabando mediante exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, uso de habitaciones del oncológico para cirugías estéticas, gastos de representación y reembolsos de viajes y hoteles.
El expediente incluye además alegaciones de sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Según el Ministerio Público, los investigados habrían creado la Fundación Tócate para desviar recursos y facturar a SeNaSa por servicios y medicamentos que no habrían sido entregados a pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
El caso fue declarado complejo por los tribunales de Santiago. Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez se encuentra bajo arresto domiciliario.