SANTO DOMINGO : La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, pidió a las cámaras legislativas, que asuman su rol constitucional de fiscalizar el gasto, ordenando la contratación de firmas auditoras, para la realización de una auditoría forense, que determine la realidad del contrato de concesión de la autopista Juan Pablo Segundo, que comunica a Santo Domingo y varias provincias del Nordeste.
El Estado dominicano tendrá que pagar este año, la astronómica suma de Trece Millones Quinientos Mil Pesos (RD$13,500.000.00) diarios, como resultado del déficit de vehículos que no circulen por la concesionada autopista Santo Domingo – Samaná a la empresa colombiana Autopistas del Nordeste, de acuerdo al contrato firmado en el año 2001, el cálculo se desprende de las partidas establecidas en el presupuesto, ascendente a la suma de Cuatro Mil Millones Novecientos Treinta Mil Pesos (RD$4,930.000.00) para cubrir el peaje sombra, que consiste en la diferencia entre lo recaudado por la empresa concesionaria y los vehículos que no transitaron.
Con la partida consignada en el presupuesto 2021, la empresa recibirá del Estado dominicano, desde el inicio de las operaciones de la autovía la suma de Veintitrés Mil Millones, Novecientos Mil Pesos (RD$23,900.000.00), por concepto de la cláusula contractual “Ingreso mínimo garantizado”, que obliga al Estado a pagar un costo elevado por una cantidad mínima de vehículos que deberían utilizar la vía, sin conocerse de manera transparente lo recaudado por la empresa en las estaciones de peaje que opera, cuyo cobro en un viaje de ida y vuelta a Samaná en vehículo liviano, los usuarios de la carretera, construida a un carril en sentido contrario, deben pagar cerca de dos mil pesos en cuatro estafetas. El costo inicial de la obra era de 150 millones de dólares, habiendo recibido ya más de 282 Millones de Dólares por concepto de peaje sombra.