Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) depositó ante la Cámara de Diputados un documento con observaciones técnicas al proyecto de modificación del Código de Trabajo, con el objetivo de aportar propuestas orientadas a lograr una reforma más equilibrada y acorde con la realidad productiva del país.
El gremio empresarial indicó, mediante una comunicación dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que el proceso legislativo debe tomar en cuenta aspectos vinculados a la competitividad, la formalización del empleo y la protección de los derechos laborales, así como la sostenibilidad financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
Entre los puntos planteados, ANJE señaló que la propuesta actual permitiría al Comité Nacional de Salarios fijar aumentos sin considerar los criterios oficiales de clasificación de las MIPYMES, lo que —según el gremio— podría afectar el flujo de caja y la estabilidad financiera de estos negocios. En ese sentido, sugirió que se integren los umbrales establecidos por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
Asimismo, la organización cuestionó que las MIPYMES mantengan los mismos plazos que las grandes empresas para el pago de prestaciones laborales y penalidades por retraso, al considerar que debería establecerse un esquema diferenciado que tome en cuenta su capacidad operativa.
En relación con el teletrabajo, ANJE advirtió que la regulación incluida en la reforma podría resultar rígida y generar cargas operativas adicionales, lo que, a su juicio, podría desincentivar la formalización en un contexto de crecimiento de la economía digital.
El documento también hace referencia a disposiciones vinculadas a embargos retentivos, al advertir que el texto podría facilitar su aplicación de manera simultánea en distintas entidades financieras, con posibles efectos sobre la liquidez de las empresas. Por ello, el gremio propone establecer límites para evitar afectaciones al funcionamiento operativo de las MIPYMES.
ANJE reiteró su disposición de continuar participando en el debate legislativo de la reforma laboral, con el propósito de contribuir a un marco normativo que combine estabilidad jurídica, competitividad económica y protección de los derechos laborales.