Puerto Príncipe. – A cinco años del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, la investigación judicial en Haití continúa sin llegar a juicio y con pocos avances concretos para esclarecer quiénes ordenaron y financiaron el magnicidio.
El crimen, ocurrido en la madrugada del 7 de julio de 2021 en la residencia presidencial de Pèlerin 5, en Pétion-Ville, fue ejecutado por un comando integrado por mercenarios colombianos y estadounidenses, con la presunta participación de miembros de unidades de seguridad encargadas de proteger al mandatario.
Mientras en Estados Unidos varios implicados ya han sido condenados, el proceso en Haití permanece estancado entre cambios de jueces, renuncias, órdenes de arresto y decisiones judiciales que han retrasado la investigación.
La acusación sostiene que el plan inicial era secuestrar a Moïse en una operación organizada desde el sur de Florida, presentada a algunos de los participantes como una detención legal con supuesto respaldo de agencias estadounidenses. Sin embargo, el operativo terminó con el asesinato del presidente tras fracasar los intentos de captura.
Una investigación que busca llegar a los autores intelectuales
El expediente se encuentra actualmente bajo una investigación complementaria ordenada por la Corte de Apelación de Puerto Príncipe, que consideró necesario profundizar las pesquisas para establecer responsabilidades más allá de los ejecutores materiales.
El juez Jean Denis Cyprien, encargado del proceso, ha llamado a declarar a exfuncionarios del Gobierno de Moïse, dirigentes políticos y sociales, así como representantes de la actual transición, mientras desarrolla nuevas diligencias para ampliar las evidencias del caso.
La Corte también ordenó investigar posibles fuentes de financiamiento del asesinato, revisar registros telefónicos del período comprendido entre abril y agosto de 2021 y determinar la participación de cada uno de los acusados.
Además, mantuvo bajo prisión preventiva a varios procesados, entre ellos Marky Kessa, Joseph Félix Badio y ciudadanos colombianos vinculados al expediente.
Un proceso marcado por la inestabilidad política
La investigación haitiana ha pasado por varias etapas y ha sido dirigida por diferentes jueces. Algunos abandonaron el caso por razones de seguridad, mientras otros dejaron sus funciones en medio de un escenario político marcado por la inestabilidad.
En 2024, el juez Walther Wesser Voltaire procesó a unas 50 personas, entre ellas la ex primera dama Martine Moïse, el expresidente Michel Martelly y el ex primer ministro Claude Joseph. Sin embargo, esa decisión fue posteriormente anulada por la Corte de Apelación, que ordenó profundizar la investigación para determinar la posible existencia de una cadena de mando detrás del crimen.
Desde el asesinato de Moïse, Haití ha atravesado una sucesión de gobiernos y autoridades transitorias sin que se haya concretado un juicio por el magnicidio.
Un país sumido en una crisis prolongada
El retraso judicial ocurre en medio de una de las peores crisis institucionales y de seguridad de la historia reciente de Haití. El país lleva años sin elecciones generales y continúa sin autoridades nacionales electas mediante voto popular.
A esto se suma el avance de las bandas armadas, que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y han agravado la emergencia humanitaria. Más de 1,5 millones de personas han sido desplazadas por la violencia, mientras la inseguridad mantiene en duda la celebración de los próximos comicios.
Cinco años después de la muerte de Jovenel Moïse, Haití sigue esperando respuestas sobre los responsables del asesinato de su presidente, mientras enfrenta una profunda crisis que mantiene paralizadas sus instituciones.

