Las autoridades informaron este jueves sobre la detección de una estructura organizada de proveedores que presuntamente manipulaba procesos de contrataciones públicas mediante prácticas fraudulentas, aunque sin especificar en cuáles instituciones del Estado operaba.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR), remitió a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe técnico que documenta la existencia de dicha estructura.
Según el documento, la red identificada habría incurrido además en presuntos actos de intimidación, extorsión y vínculos con funcionarios públicos, afectando la libre competencia y la igualdad de participación entre oferentes en los procesos de compras del Estado.
El informe fue elaborado tras un análisis exhaustivo de los registros del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y de otras fuentes de información. Los resultados revelan una actuación coordinada de varias empresas vinculadas, que utilizaban distintas razones sociales para simular competencia, repartirse adjudicaciones y excluir a oferentes legítimos.
Entre las entidades señaladas figuran Empresas Integradas SAS, Inversiones Qtek SRL y Tingley Business SRL, junto a otras compañías asociadas, que presentan patrones coincidentes de participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en determinados sectores del mercado público.
El documento también recoge testimonios de proveedores afectados, quienes denunciaron haber sido objeto de amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas, lo que refuerza la evidencia sobre la existencia de mecanismos de intimidación y manipulación dentro del sistema de contrataciones.
El análisis concluye que las conductas detectadas vulneran los principios de igualdad, participación y libre competencia establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y podrían constituir indicios de prácticas fraudulentas, actos colusorios y otras infracciones penales contempladas en la legislación dominicana.
La DGCP informó que el informe también será remitido a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), para que, conforme a sus atribuciones legales, profundice en la investigación sobre posibles acuerdos colusorios y manipulación del mercado en los procesos de compras públicas.