Hay algo que en República Dominicana parece no cambiar con el paso de los años: cada vez que un barrio protesta por la falta de agua potable, cuando una comunidad reclama energía eléctrica estable, cuando padres exigen cupos para sus hijos en las escuelas, cuando los vecinos piden calles pavimentadas o cuando cientos de personas reclaman empleos y oportunidades para sobrevivir, la respuesta oficial parece ser siempre la misma.
“Estamos haciendo lo que nunca se había hecho”.
“Este Gobierno ha invertido más que los anteriores”.
“Hoy estamos mejor que hace cuatro, ocho o diez años”.
Y probablemente cada Gobierno tenga sus cifras, sus obras, sus estadísticas y sus argumentos para demostrar que, en algún aspecto, ha hecho más que el que le precedió. Pero hay una pregunta que pocas veces aparece en esos discursos: ¿por qué seguimos protestando por lo mismo?
Porque han pasado décadas y todavía hay comunidades que tienen que salir a las calles para pedir agua.
Todavía hay sectores donde la electricidad se convierte en una preocupación diaria.
Todavía hay padres que no saben dónde conseguir un cupo para que sus hijos puedan estudiar.
Todavía existen barrios esperando que sus calles sean pavimentadas.
Todavía hay jóvenes buscando una oportunidad de empleo que les permita construir un proyecto de vida.
Y todavía hay familias que, antes de pensar en prosperar, tienen que concentrarse en cómo conseguir los recursos para sobrevivir.
Entonces algo no está funcionando.
No se trata de negar los avances del país. República Dominicana ha cambiado, ha crecido y ha construido una infraestructura que hace décadas parecía imposible. Sería injusto desconocerlo. Pero tampoco podemos utilizar ese crecimiento como argumento para ignorar a quienes todavía viven con carencias que deberían formar parte del pasado.
Porque una cosa es decir que el país está mejor y otra muy distinta es preguntarle a una familia que lleva años esperando agua potable si su realidad cambió.
El problema es que la política dominicana parece atrapada en una competencia permanente por demostrar quién hizo más. Cada Gobierno llega con la obligación de presentar su propia lista de logros y, al mismo tiempo, explicar que recibió un país peor del que realmente recibió.
Así, el debate termina convertido en una comparación de gobiernos: quién construyó más escuelas, quién asfaltó más kilómetros de calles, quién instaló más redes eléctricas, quién entregó más ayudas, quién inauguró más hospitales.
Pero mientras los políticos cuentan obras, la gente cuenta carencias.
Cuenta los días sin agua.
Cuenta las horas sin electricidad.
Cuenta los meses esperando una solución.
Cuenta los años esperando una calle.
Cuenta las puertas que toca buscando empleo.
Y cuando la paciencia se agota, protesta.
Entonces aparece otra vez el mismo libreto: se descalifica la protesta, se recuerda todo lo que se ha hecho y se asegura que nunca antes se había invertido tanto.
Pero el ciudadano no sale a protestar porque quiera comparar un Gobierno con otro. Sale porque tiene un problema hoy.
El agua que no llega no se resuelve recordándole que hace veinte años tampoco llegaba.
El niño que no consigue un cupo en una escuela no puede estudiar con el argumento de que hoy hay más centros educativos que hace una década.
La familia que no tiene empleo no paga sus alimentos con estadísticas de crecimiento económico.
Y quien vive en una calle intransitable no puede caminar sobre las cifras de inversión pública.
Ese es el gran desafío que todavía tenemos como sociedad: dejar de medir el progreso únicamente desde las estadísticas generales y comenzar a medirlo desde la vida cotidiana de la gente.
Porque si durante más de 60 años cambiamos de presidentes, de partidos, de ministros, de programas y de discursos, pero seguimos escuchando los mismos reclamos en las mismas comunidades, entonces quizás el problema no sea solamente quién gobierna.
Quizás el problema sea que hemos aprendido a administrar las necesidades, pero no a resolverlas definitivamente.
Cada cuatro años cambia el Gobierno y cambia el discurso. Se anuncian nuevas promesas, nuevos planes y nuevas inversiones. Pero en muchos barrios la conversación sigue siendo exactamente la misma que escuchaban nuestros padres y nuestros abuelos.
¿Hay agua?
¿Hay luz?
¿Hay escuela?
¿Hay trabajo?
¿Hay calles?
¿Hay oportunidades?
Son preguntas demasiado básicas para un país que lleva décadas escuchando que está avanzando.
Por eso, tal vez llegó el momento de dejar de conformarnos con el argumento de que “estamos mejor que antes”.
Porque estar mejor que hace 20, 30 o 60 años no debería ser la meta.
La verdadera pregunta es si estamos suficientemente bien para que un ciudadano no tenga que protestar para conseguir agua, electricidad, educación, una calle digna o un empleo.
Mientras esas protestas sigan siendo necesarias, el discurso podrá cambiar de color, de partido y de presidente.
Pero seguirá siendo, inevitablemente, el mismo discurso de siempre.