Por: Adalgisa Abreu
Santo Domingo. – La Evaluación de Desempeño Docente 2026 fue presentada como un proceso claro, moderno y automatizado, diseñado para garantizar justicia y transparencia. Sin embargo, para gran parte del magisterio nacional, la realidad ha resultado muy distinta: un camino marcado por fallas técnicas, retrasos e inconsistencias que han generado incertidumbre y desconfianza.
La plataforma digital, anunciada como una herramienta eficiente y confiable, ha evidenciado errores que ponen en duda la credibilidad del proceso. Hace más de un mes se realizaron las evaluaciones de pares y del director correspondientes a la Etapa IV; sin embargo, los resultados aún no han sido publicados. A esto se suma el aplazamiento de la llamada Etapa V del Ejercicio de Rendimiento Profesional, que convocó a miles de docentes y fue pospuesta sin una explicación clara.
Ahora se anuncia una Etapa VI centrada en la observación de clases y evaluación de planificaciones, dentro de un cronograma acelerado que coincide con el cierre del año escolar. Precisamente en este período, los docentes deberían estar enfocados en sistematizar aprendizajes, acompañar a sus estudiantes y culminar los procesos pedagógicos de manera efectiva.
A esto se suma la evidente falta de direccionalidad y claridad en los criterios establecidos para esta etapa. Entre plantillas, matrices, formatos y modelos de planificación que circulan constantemente entre docentes y equipos de gestión, se ha generado un ambiente de tensión, estrés y confusión. La diversidad de documentos y orientaciones, muchas veces contradictorias o poco precisas, ha provocado incertidumbre sobre cuáles son realmente los lineamientos oficiales que deben seguirse. Más que fortalecer el proceso evaluativo, esta situación refleja debilidades organizativas que terminan afectando emocional y profesionalmente al magisterio.
La situación se agrava con las inconsistencias detectadas durante la validación de datos. El levantamiento de información reveló errores en el registro de cargos y funciones de docentes y personal administrativo: maestros que aparecen asignados a un cargo o nivel distinto al que realmente desempeñan, a pesar de que previamente se había realizado una auditoría en cada centro educativo. Este hallazgo deja en evidencia debilidades en los mecanismos de control y cuestiona la efectividad de los procesos implementados.
En medio de este panorama, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), cuya misión histórica ha sido velar por los intereses de la clase magisterial, parece haber asumido un rol limitado a la transmisión de decisiones oficiales del Ministerio de Educación. Más que una defensa activa del bienestar docente, muchos educadores perciben una ausencia de acompañamiento firme y representativo, lo que incrementa la sensación de desprotección dentro del gremio.
Es justo reconocer el esfuerzo de las autoridades por impulsar este proceso; sin embargo, más allá de valorar la intención, lo que el magisterio demanda es un sistema verdaderamente garantista: justo, eficiente, transparente y coherente. Los docentes no solo cumplen una función académica; también son referentes éticos y formativos para las nuevas generaciones. Y si desde el propio sistema educativo se exige calidad, transparencia y responsabilidad, resulta imprescindible que esos mismos principios sean visibles en cada etapa de la evaluación.
La evaluación docente debería constituirse en un espacio de crecimiento profesional, un espejo capaz de reflejar fortalezas y oportunidades de mejora. Pero cuando se convierte en un procedimiento apresurado, ambiguo y poco confiable, pierde su sentido pedagógico y se transforma en una carga de incertidumbre.
Si el verdadero propósito es fortalecer la práctica docente y garantizar una educación de calidad, entonces se requieren procesos transparentes, organizados y justos. Solo así la evaluación podrá convertirse en una auténtica herramienta de mejora continua y no en un obstáculo para quienes, día tras día, entregan su vocación en las aulas.