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Imponen garantía económica a cabo policial por muerte del teniente coronel retirado Carmelo Polanco

Por: Leandra Encarnacion

Santo Domingo. – Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica de RD$400,000, mediante contrato, como parte de las medidas de coerción dictadas contra el cabo de la Policía Nacional Elpidio Antonio Acosta, acusado de causar la muerte involuntaria de un teniente coronel retirado durante un incidente ocurrido en el sector La Ciénaga.

Además de la garantía económica, el tribunal ordenó presentación periódica e impedimento de salida del país contra el imputado, quien enfrenta cargos provisionales por homicidio involuntario en violación al artículo 319 del Código Penal Dominicano.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva, alegando la gravedad de los hechos y las evidencias recolectadas durante la investigación. Sin embargo, el juez Rigoberto Sena acogió medidas menos gravosas durante el conocimiento de la coerción.

La investigación establece que el hecho ocurrió la noche del pasado 10 de mayo, cuando el oficial retirado Carmelo Polanco compartía junto a familiares en una actividad social en el sector La Ciénaga. En ese momento, una patrulla policial de la unidad Topo transitaba por el lugar en labores de búsqueda de un presunto delincuente.

De acuerdo con el expediente, desde el vehículo policial se produjeron detonaciones que impactaron al exoficial, quien posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Docente de la Policía Nacional.

El Ministerio Público indicó que el cabo Elpidio Antonio Acosta entregó voluntariamente su arma de reglamento y declaró que el disparo ocurrió mientras manipulaba el arma dentro del vehículo.

Las investigaciones técnicas realizadas por la Policía Científica y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinaron que el proyectil extraído del cuerpo de la víctima coincide con disparos realizados desde el arma asignada al imputado. Además, se detectaron residuos de pólvora en dicha arma.

El órgano acusador sostiene que las evidencias recolectadas vinculan directamente al agente con el hecho que provocó la muerte del oficial retirado.

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