Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) puso en vigencia un nuevo reglamento que regulará el registro de firmas encuestadoras y la publicación de encuestas con fines electorales, como parte de las medidas dirigidas a fortalecer la transparencia y el equilibrio en los procesos políticos del país.
La disposición establece que toda empresa interesada en realizar encuestas electorales deberá registrarse y obtener habilitación oficial ante la JCE, cumpliendo con requisitos técnicos, legales y administrativos establecidos en la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
El órgano electoral indicó que las encuestas publicadas deberán contener informaciones detalladas sobre la metodología utilizada, incluyendo tamaño de muestra, margen de error, nivel de confianza, tipo de entrevista, preguntas aplicadas y datos de la empresa responsable del estudio.
Además, el reglamento obliga a las firmas encuestadoras a colocar en cada publicación su número oficial de registro otorgado por la JCE.
Entre los aspectos más relevantes de la normativa figura la prohibición de divulgar encuestas electorales fuera de los períodos legales de precampaña y campaña, medida con la que la institución busca evitar promoción política anticipada y posibles desequilibrios en la competencia electoral.
La JCE advirtió que las empresas que violen estas disposiciones podrán enfrentar sanciones que van desde multas administrativas hasta la suspensión temporal o cancelación definitiva de su registro.
Asimismo, las encuestas a boca de urna o “exit poll” solo podrán realizarse previa notificación al órgano electoral con al menos ocho días de anticipación a las elecciones.
El reglamento también establece que las firmas encuestadoras actualmente registradas deberán actualizar sus expedientes en un plazo de 30 días laborables, de lo contrario podrían perder su habilitación para operar.
La institución explicó que esta normativa surge luego de consultas públicas y reuniones con partidos políticos, empresas encuestadoras y representantes de distintos sectores, con el propósito de garantizar mayor credibilidad y rigor científico en los estudios de opinión vinculados a procesos electorales.