La Romana. – Parceleros de varios proyectos del Instituto Agrario Dominicano (IAD) en La Romana denunciaron la tala de árboles, producción de carbón y ocupaciones de terrenos que, según afirmaron, están afectando más de 42 mil tareas destinadas a la actividad agropecuaria.
Las denuncias fueron presentadas por la Asociación Frente Agropecuario, Revolucionario y Comunitario Mi Propio Esfuerzo (FARCOMPE), la Asociación de Parceleros María Trinidad Sánchez y el Proyecto Agrícola Agropecuario y Porcino (PROAAGROPOR-CUMAYASA), que pidieron al presidente Luis Abinader declarar en emergencia ambiental los proyectos 406, 476 y 520, ubicados en Cumayasa, Villa Hermosa, El Gato y La Noria.
Los representantes de las organizaciones señalaron que, además del deterioro ambiental, existen denuncias sobre ocupaciones y presuntas operaciones de venta o transferencia de terrenos cuya legalidad, indicaron, debe ser determinada mediante una investigación oficial.
Mario Díaz, Ángela María Acosta y Eusebio Rijo reclamaron una intervención de las autoridades para establecer quiénes tienen derechos sobre las parcelas y determinar la situación de los terrenos actualmente ocupados o explotados.
Reclaman saneamiento de los proyectos
Díaz afirmó que los parceleros han enviado cuatro intimaciones, mediante actos de alguacil, al IAD y al Ministerio de Agricultura para solicitar un saneamiento de los proyectos.
Según explicó, el proceso debe incluir la revisión de los expedientes, documentos y ocupaciones existentes, con el propósito de determinar cuáles beneficiarios cuentan con derechos válidos y cuáles terrenos podrían haber sido transferidos u ocupados de manera irregular.
“Si una documentación es legítima, que se respete; si existen documentos falsos, duplicados o utilizados fraudulentamente para negociar terrenos del Estado, que se determine quiénes son los responsables”, expresó.
Los denunciantes también solicitaron investigar versiones sobre la supuesta oferta de parcelas a dominicanos y extranjeros mediante documentos cuya autenticidad y validez legal no estaría determinada.
Advierten sobre deterioro ambiental
Los parceleros sostuvieron que la tala de árboles y la elaboración de carbón se han convertido en parte de las actividades que, según sus denuncias, afectan los terrenos de la Reforma Agraria en la zona.
Aunque reconocieron que personal del Ministerio de Medio Ambiente y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SEMPA) ha acudido a algunos de los lugares señalados, consideran que la presencia oficial no es suficiente para mantener una vigilancia permanente.
Aseguraron que las autoridades necesitan mayor cantidad de personal, vehículos y recursos para supervisar las áreas denunciadas.
Las organizaciones dijeron estar dispuestas a facilitar un local de concreto para la instalación de un destacamento y una dotación de seguridad que permita mantener presencia permanente en la zona.
Piden investigar las ocupaciones
Además de las denuncias ambientales, los parceleros reclamaron que se determine el origen de las ocupaciones y de las documentaciones utilizadas por quienes alegadamente reclaman derechos sobre los terrenos.
Plantearon realizar un levantamiento físico y georreferenciado de las parcelas, revisar los expedientes existentes y establecer quiénes son los beneficiarios reconocidos por el IAD.
También solicitaron recuperar, mediante los procedimientos legales correspondientes, los terrenos que sean ocupados de manera irregular y garantizar la permanencia de quienes puedan demostrar legítimamente su condición de parceleros.
Las organizaciones pidieron que en la intervención participen el IAD, los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, el SEMPA, el Ministerio Público y los organismos de seguridad.
Díaz sostuvo que el objetivo de las organizaciones es que las tierras vuelvan a ser utilizadas para la producción agropecuaria y que las denuncias sobre deterioro ambiental y posibles irregularidades sean investigadas por las autoridades competentes.