Santo Domingo. – Un tribunal de Montecristi impuso un año de prisión preventiva a un inspector y un chofer de la Dirección General de Migración (DGM), acusados de cobrar dinero a ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular para trasladarlos de forma ilegal en un vehículo oficial.
La medida de coerción fue dictada contra Gustavo Adolfo García Vásquez, inspector migratorio, y Joel Antonio Castillo Reynoso, chofer del Departamento de Interdicción Migratoria con asiento en Puerto Plata, luego de que el Ministerio Público los señalara de presuntos actos de corrupción y tráfico ilícito de migrantes.
De acuerdo con la investigación, los imputados fueron detenidos el 19 de junio cuando regresaban a Puerto Plata con 22 ciudadanos haitianos indocumentados, entre ellos varios menores de edad. Horas antes habían trasladado a otros 32 migrantes desde Puerto Plata hasta el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón para fines de deportación.
Las autoridades indicaron que el camión oficial de la DGM fue interceptado en el paraje Copey, municipio Pepillo Salcedo, al levantar sospechas por desplazarse en una ruta distinta a la autorizada. Durante la inspección, los agentes encontraron a los 22 extranjeros ocultos en la parte trasera del vehículo.
Según el expediente, los migrantes no figuraban en los registros de operativos de interdicción realizados ese día, lo que llevó a los investigadores a descartar que hubieran sido detenidos durante acciones oficiales de la Dirección General de Migración.
El Ministerio Público sostiene que los procesados habrían utilizado el vehículo oficial para transportar de manera irregular a los extranjeros a cambio de pagos que oscilaban entre RD$12,000 y RD$40,000 por persona. Parte de esos pagos, según la investigación, era realizada por familiares mediante transferencias bancarias o en efectivo.
Durante las entrevistas realizadas por los fiscales, algunos de los migrantes manifestaron que se dirigían a Puerto Plata para reunirse con personas que cubrirían el costo del traslado.
La jueza Javierca Gómez ordenó que ambos imputados cumplan la prisión preventiva en la cárcel pública de Montecristi, mientras el Ministerio Público continúa ampliando las investigaciones.
Los dos empleados de Migración enfrentan cargos por presuntas violaciones a las disposiciones sobre corrupción administrativa, soborno y tráfico ilícito de migrantes contempladas en la legislación dominicana.