Santo Domingo. – El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso este domingo prisión preventiva, arresto domiciliario y otras medidas de coerción contra los imputados en la Operación Cobra 2.0-A, investigación del Ministerio Público sobre un presunto esquema de corrupción y fraude en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión establece 18 meses de prisión preventiva para ocho de los imputados, mientras otros deberán cumplir arresto domiciliario, pagar garantías económicas, presentar periódicamente ante las autoridades o tienen impedimento de salida del país.
El tribunal también declaró el proceso de tramitación compleja y fijó para el 22 de diciembre de 2026 la revisión obligatoria de las medidas de coerción de los imputados a quienes se les impuso prisión preventiva.
Tras conocerse la decisión, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, consideró que el fallo reconoce la solidez de la investigación presentada por el Ministerio Público.
“Este es un reconocimiento ahora del juez a la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y, a nosotros, esa decisión nos parece una decisión razonable”, afirmó Camacho.
El funcionario aprovechó para advertir a los médicos sobre las consecuencias de facilitar sus códigos profesionales a terceros.
“Quiero aprovechar para exhortar a los médicos a que no presten sus códigos”, dijo, al señalar que el uso irregular de esos códigos puede terminar involucrándolos en procesos penales.
Camacho sostuvo que los 22 médicos procesados en este caso no habrían sido vinculados a la investigación si no hubiesen prestado sus códigos para la realización de operaciones que, según el Ministerio Público, forman parte del esquema investigado.
“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, advirtió.
El procurador adjunto agregó que la investigación sobre las presuntas irregularidades en SeNaSa no termina con esta etapa judicial.
“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación y vamos a ir por más”, adelantó.
Las medidas impuestas
La prisión preventiva fue dictada contra Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra.
También fueron enviados a prisión preventiva, en el CCR Najayo Mujeres, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista.
A Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo les fue impuesto arresto domiciliario.
Otros imputados deberán cumplir una combinación de medidas.
Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo deberán pagar una garantía económica de RD$2 millones, mediante una compañía aseguradora, además de arresto domiciliario e impedimento de salida.
A Martha María Saldaña Saldaña se le impuso una garantía de RD$3 millones, también mediante una aseguradora, arresto domiciliario e impedimento de salida.
Mientras que José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré deberán pagar una garantía económica de RD$1 millón, además de impedimento de salida y presentación periódica.
El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será el tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
La audiencia para conocer la decisión estaba pautada para las 7:00 de la noche del domingo. Sin embargo, comenzó pasadas las 9:00 de la noche y concluyó alrededor de las 10:00.
Investigación por presunto fraude en SeNaSa
La Operación Cobra 2.0-A forma parte de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades cometidas en SeNaSa.
El expediente se suma al proceso iniciado con la Operación Cobra, mediante la cual fueron arrestados el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y otros implicados.
El Ministerio Público atribuye a los investigados delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
De acuerdo con la acusación, las autoridades han recopilado evidencias sobre presuntos pagos de sobornos, alteración de estados financieros y mecanismos utilizados para desviar recursos de la aseguradora estatal.
El órgano acusador sostiene que el supuesto esquema involucró a funcionarios y prestadores de servicios de salud, quienes habrían participado en maniobras para afectar fondos públicos.
La investigación también ha alcanzado otras operaciones vinculadas al manejo de recursos de SeNaSa. En junio pasado, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Onco-14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas relacionadas con presuntas irregularidades en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Por ese caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Los dos primeros cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez se encuentra bajo arresto domiciliario.
El Ministerio Público ha sostenido que las investigaciones sobre SeNaSa continúan abiertas y que podrían derivar en nuevos sometimientos.