Los Ángeles. – El Tribunal Supremo de EE. UU. evalúa este miércoles si el Gobierno del expresidente Donald Trump tiene la autoridad para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que actualmente protege de la deportación a cerca de 360,000 haitianos y sirios. La decisión podría sentar un precedente determinante para todos los beneficiarios de este programa migratorio.
Es la primera vez que la máxima corte estadounidense analiza una demanda relacionada con el TPS, un mecanismo que evita la deportación y otorga permisos de trabajo a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis que impiden su retorno seguro.
En esta ocasión, los nueve jueces examinan la impugnación a la decisión de la Administración Trump de cancelar el TPS para unos 350,000 haitianos y 6,100 sirios. La medida fue justificada bajo el argumento de que el programa resultaba “contrario al interés nacional” y que los beneficiarios podían regresar a sus países sin riesgo, según determinó la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Sin embargo, afectados de ambas nacionalidades recurrieron a los tribunales y obtuvieron fallos favorables en cortes federales del Distrito de Columbia y Nueva York, cuyos jueces concluyeron que la decisión violaba la ley federal que regula el funcionamiento de las agencias administrativas.
Un caso con amplio impacto
El proceso se ha convertido en un símbolo de la defensa del TPS, un programa establecido por el Congreso en 1990 que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de designar esta protección migratoria.
“La audiencia es sumamente importante porque, aunque el caso menciona a Siria y Haití, su impacto alcanzará a toda la comunidad beneficiaria del TPS”, afirmó José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, en declaraciones a EFE.
Actualmente, Estados Unidos cuenta con alrededor de 1.3 millones de inmigrantes de 17 países amparados bajo este estatus, conocidos popularmente como “tepesianos”. Durante su mandato, Trump intentó eliminar varios de estos beneficios, incluidos los otorgados a venezolanos, quienes también mantienen procesos legales en curso.
Críticas a la política migratoria
Para Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la Universidad de California en Los Ángeles, la Administración Trump “ha distorsionado” la ley que regula el TPS, además de “demonizar” a sus beneficiarios y atacar el programa de forma constante, pese a que ha sido utilizado tanto por gobiernos republicanos como demócratas.
Por su parte, Megan Hauptman, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, advirtió que Estados Unidos atraviesa una campaña masiva para despojar de su estatus legal a miles de inmigrantes y deportarlos a contextos de riesgo.
Movilización de beneficiarios
Más de 600 inmigrantes protegidos por el TPS viajaron desde distintos puntos del país para asistir a la audiencia. Algunos podrán ingresar al tribunal, mientras otros se concentrarán en las afueras en señal de apoyo.
“Este día es clave para mostrar unidad, porque no solo están en juego los casos de Siria y Haití, sino el futuro de todos los beneficiarios”, expresó José Urias, un salvadoreño que ha residido en Estados Unidos por más de 30 años y que se ha movilizado en defensa del programa desde 2017.
Expertos advierten que una eventual eliminación del TPS podría representar “el mayor proceso de desdocumentación en la historia de Estados Unidos”. Además, temen que un fallo favorable al Gobierno abra la puerta a la eliminación de otros programas migratorios.
Para Arulanantham, el dilema que enfrenta la corte es claro: decidir entre defender el Estado de derecho o permitir que se debiliten las garantías legales que sustentan el sistema migratorio estadounidense.

