El Senado de la República aprobó este martes, en segunda lectura, el proyecto de reforma al Código Procesal Penal, con el voto favorable de 25 legisladores presentes en la sesión.
La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá agotar un nuevo proceso de estudio y aprobación antes de su eventual promulgación. El Congreso Nacional tiene plazo hasta el 11 de diciembre para sancionar la pieza, conforme a un mandato del Tribunal Constitucional. De no cumplirse con ese plazo, quedarían derogadas todas las disposiciones del Código Procesal Penal de 2015, lo que implicaría el restablecimiento del Código de 2002, considerado obsoleto por juristas y sectores institucionales.
Cuando el proyecto fue aprobado en primera lectura, el Senado dispuso su reenvío a la misma comisión que lo había estudiado durante meses. Sin embargo, la propuesta generó una ola de críticas debido a supuestos artículos contrarios a la Constitución.
Entre los sectores que expresaron preocupación se encuentran la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, y el abogado constitucionalista Nassef Perdomo, quienes advirtieron que algunos cambios podrían vulnerar principios constitucionales.
En particular, las observaciones se centraron en la modificación del artículo 25 del Código, que regula la analogía y la interpretación en los casos judiciales, y que, según los críticos, podría abrir la puerta a interpretaciones incompatibles con el marco constitucional vigente.