San Cristóbal. – El tribunal colegiado de este Distrito Judicial dictó condenas de hasta siete años de prisión contra varios integrantes de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Larva.
La decisión, adoptada tras acoger la acusación del Ministerio Público, impone penas de siete años de prisión a Jorge Luis Herasme y Ramón Eduardo Peña Reyes. Asimismo, condena a cinco años, con suspensión de la pena, a James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Elizabeth Spataro Rodríguez, María Mercedes Ramona Estrella y Sarai Esther Herasme Estrella.
Además de las penas privativas de libertad, el tribunal ordenó el pago de multas que oscilan entre 100 y 200 salarios mínimos.
Empresas condenadas y millonario decomiso
La sentencia también declaró penalmente responsables a varias compañías utilizadas para el lavado de activos, entre ellas Upper Promotion, S.R.L.; J&H Administración y Servicios, S.R.L.; H&S Inmobiliaria, S.R.L.; Inversiones y Servicios Jorge y María, S.R.L.; Corporación de Crédito Corona Cocreco, S.R.L. y Lush, E.I.R.L., imponiéndoles multas de 200 salarios mínimos.
Como parte de las sanciones, el tribunal dispuso la disolución de estas entidades y el decomiso de bienes muebles e inmuebles valorados en más de 14 millones de dólares, incluyendo apartamentos, locales comerciales en el Distrito Nacional, 10 vehículos de distintas marcas y relojes de lujo de firmas como Patek Philippe y Rolex. También se ordenó la incautación de sustancias narcóticas.
La procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, calificó la sentencia como “un golpe de alto impacto a la criminalidad organizada”.
Proceso judicial y antecedentes
Por este caso ya habían sido condenadas otras personas en decisiones anteriores, incluyendo a Manuel Alejandro Puig Pérez, Jorge Elías Medina Muñoz, Ángelo Spataro Rodríguez, Luis Jiménez (alias Bonsai o Luis Hookah) y Domingo Adalberto Ventura González, así como varias empresas vinculadas a la red.
La investigación fue desarrollada de manera conjunta por la Procuraduría Especializada Antilavado y la Fiscalía de San Cristóbal, con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas que demostraron la comisión de delitos como lavado de activos, narcotráfico, porte ilegal de armas y uso de documentos falsos.
Origen del caso
La estructura criminal fue desarticulada el 16 de marzo de 2020, tras la ejecución de la Operación Larva. Posteriormente, en octubre de 2021, las autoridades realizaron múltiples allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y Punta Cana.
El caso se originó tras la interceptación de una embarcación en la costa de Nigua, San Cristóbal, procedente de Colombia, en la que se ocuparon 700 paquetes de cocaína.
La sentencia fue emitida por las juezas Biulkys Milanés (presidenta), Rosa Mateo y Ana Inés Susana, quienes ordenaron el cumplimiento de las penas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo.
El Ministerio Público recordó que los condenados violaron disposiciones del Código Penal Dominicano y varias leyes especiales, incluyendo la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, la Ley 50-88 sobre Drogas y la Ley 631-16 sobre armas, consolidando así uno de los casos más relevantes en la lucha contra el crimen organizado en el país.