Redacción. – Hay decisiones económicas que se anuncian con grandes discursos y otras que llegan directamente al bolsillo, sin necesidad de presentarse como una reforma fiscal. El aumento del marbete para el período 2026-2027 pertenece a esta segunda categoría: una disposición administrativa que obliga a los propietarios de vehículos a pagar más por un impuesto que permaneció sin cambios nominales durante años.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) elevó de RD$1,500 a RD$2,000 la tarifa para los vehículos de las categorías de mayor antigüedad contempladas en el esquema y de RD$3,000 a RD$4,000 para los modelos más recientes. El incremento representa RD$500 y RD$1,000, respectivamente, y el proceso de renovación comenzó este jueves 29 de octubre, con plazo hasta el 31 de enero de 2027. La institución justifica la actualización en que las tarifas no se modificaban desde 2016.
Pero el debate va mucho más allá de una etiqueta adherida al cristal de un vehículo. La discusión de fondo es si los dominicanos están soportando una especie de reforma fiscal por partes, sin que el Gobierno la haya presentado como tal, mientras se acumulan los gastos que las familias deben cubrir para vivir, trabajar y mantener sus compromisos.
No se trata de afirmar que cada aumento de precio responde a una decisión del Gobierno ni de desconocer que existen factores internacionales que inciden en la economía. Se trata de preguntarse por qué, cuando el Estado necesita más ingresos, el ciudadano termina encontrándose con otra factura que debe pagar, mientras sus posibilidades de consumo y ahorro se reducen.
El marbete es solo una parte de la carga
Para una familia que utiliza un vehículo para trasladarse al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o desarrollar una actividad comercial, el gasto no termina con la compra del automóvil. Hay que pagar combustible, mantenimiento, neumáticos, seguro, reparaciones y, ahora, un marbete más caro para determinadas categorías.
Cada desembolso puede parecer manejable cuando se observa por separado. El problema aparece cuando se suman todos y se comparan con el ingreso disponible al final del mes.
A esa realidad se agregan los precios de los alimentos, el transporte y otros servicios indispensables. El resultado es una economía doméstica en la que buena parte del dinero se consume en necesidades básicas, con menos espacio para enfrentar una enfermedad, reparar un electrodoméstico, pagar una deuda o guardar algo para una emergencia.
El Banco Central informó que la inflación interanual alcanzó el 5.12 % en septiembre de 2026. En ese mes, los precios aumentaron un 0.33 % respecto a agosto, con incidencia destacada de los grupos transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas y educación. El organismo también reportó incrementos en combustibles y en productos de consumo cotidiano como el arroz y los huevos. (Banco Central).
Las cifras oficiales describen la evolución general de los precios, pero la experiencia de cada hogar depende de lo que consume, de dónde vive y de cuánto gana. Para quien destina una proporción elevada de sus ingresos a la comida y al transporte, incluso aumentos moderados pueden convertirse en una presión considerable.
¿Dónde está la respuesta del Gobierno?
El Gobierno sostiene que utiliza subsidios para amortiguar el impacto de los precios internacionales de la energía, los combustibles y otros bienes. De hecho, la Presidencia informó este mes que proyecta destinar unos RD$40,000 millones a subsidios de combustibles y alrededor de RD$100,000 millones al sector eléctrico durante 2026. (Presidencia de la República).
Esos datos deben formar parte de la discusión. Sin embargo, la existencia de subsidios no elimina la obligación de evaluar si las medidas adoptadas son suficientes, si llegan a quienes más las necesitan y si consiguen aliviar efectivamente los gastos cotidianos.
La pregunta ciudadana es sencilla: ¿de qué sirve anunciar cifras millonarias de apoyo si una parte de la población sigue sintiendo que el dinero no alcanza y que cada mes debe reorganizar sus gastos para poder cumplir?
No basta con explicar cuánto invierte el Estado. También hay que demostrar qué resultados obtiene esa inversión en la vida de la gente.
Y si los precios internacionales justifican determinados ajustes, el Gobierno tiene la responsabilidad de explicar con claridad qué parte del aumento responde a esos factores, qué parte depende de decisiones nacionales y cuáles alternativas existen para evitar que el costo recaiga de manera desproporcionada sobre los hogares.
Una reforma fiscal sin ese nombre
La reforma fiscal suele asociarse con una gran discusión nacional: cambios en los impuestos, revisión de exenciones, ampliación de la base tributaria y decisiones sobre quién debe aportar más al financiamiento del Estado.
Pero hay otra dimensión que merece atención: el efecto acumulado de los ajustes en tarifas, impuestos, bienes y servicios sobre el presupuesto familiar.
Cuando aumenta un impuesto, sube el combustible o se encarece un producto básico, el ciudadano no necesariamente lo interpreta como parte de una política fiscal. Lo percibe como una reducción de su capacidad para comprar, ahorrar o mantener su nivel de vida.
Por eso, el aumento del marbete reabre una pregunta legítima: ¿está el país enfrentando, sin una discusión fiscal integral y transparente, una acumulación de cargas económicas que termina produciendo en los hogares efectos parecidos a los de una reforma tributaria?
La respuesta requiere distinguir entre impuestos, precios de mercado, tarifas reguladas y costos internacionales. No todo es lo mismo ni todo depende de una sola autoridad. Pero esa distinción no debe servir para eludir la discusión sobre el efecto conjunto de esas cargas.
Además, el argumento de que un impuesto llevaba años sin actualizarse puede justificar que se revise su monto, pero no agota el debate. También corresponde discutir la oportunidad del ajuste, su impacto distributivo, la calidad de los servicios públicos que financia y la capacidad real de los contribuyentes para asumirlo.
Si el Estado considera necesario aumentar una tarifa, debe explicar por qué, cuánto espera recaudar, cómo utilizará esos recursos y qué mecanismos de protección contempla para quienes tienen menos capacidad económica.
El problema de los ingresos que no crecen al mismo ritmo
El costo de la vida no se mide únicamente por la inflación anual. También importa la relación entre los precios y los ingresos de las familias.
Una persona puede recibir el mismo salario durante meses y, aun así, enfrentar una reducción de su capacidad de compra si debe gastar más en alimentación, transporte, electricidad, educación y salud. En esas condiciones, cualquier pago adicional —por pequeño que parezca en términos fiscales— compite con otras necesidades.
El Gobierno no puede controlar todos los factores que inciden en los precios, pero sí tiene margen para revisar sus propias decisiones, mejorar la transparencia del gasto, fortalecer la competencia, combatir prácticas abusivas y orientar las ayudas hacia los sectores más afectados.
También debe evitar que la respuesta a las dificultades fiscales consista, de manera recurrente, en trasladar nuevos costos a quienes tienen menos margen para absorberlos.
Porque el ciudadano común no tiene la posibilidad de compensar cada aumento elevando sus ingresos. El empleado recibe su salario; el pequeño comerciante depende de sus ventas; el trabajador independiente vive de lo que logra producir cada día. Para todos ellos, pagar más significa recortar en otra parte.
La transparencia también es una obligación
El debate sobre el marbete debe servir para exigir una explicación más amplia de la política económica. Si el Gobierno necesita recaudar más, debe exponer sus prioridades y justificar sus decisiones. Si considera que los subsidios están protegiendo a la población, debe ofrecer información que permita evaluar su alcance y sus resultados.
Y si el país necesita discutir una reforma fiscal, esa conversación no debería quedar sustituida por una sucesión de aumentos que la ciudadanía descubre cuando llega el momento de pagar.
La responsabilidad de gobernar no consiste solamente en mantener las cuentas públicas en orden. También implica procurar que el costo de ese orden no recaiga de manera injusta sobre quienes viven de un salario o de pequeños ingresos.
El marbete es una obligación anual, pero la presión económica es diaria. Está en la compra del supermercado, en el combustible para llegar al trabajo, en la factura de los servicios y en el dinero que falta cuando termina el mes.
Por eso, más que discutir únicamente los RD$500 o RD$1,000 adicionales, conviene mirar el panorama completo y exigir respuestas.
¿Estamos ante aumentos aislados o ante una acumulación de cargas que el país necesita discutir de manera abierta? ¿Quién está asumiendo el mayor costo de las decisiones económicas y qué está haciendo el Estado para equilibrar esa carga?
Esas son las preguntas que el Gobierno debe responder. Porque la ciudadanía no solo necesita saber cuánto tiene que pagar; también merece saber por qué paga más, cómo se utilizan sus aportes y cuándo podrá sentir un alivio real en su economía.
Una política económica no puede evaluarse exclusivamente por sus recaudaciones, sus indicadores o sus anuncios. También debe medirse por la tranquilidad que permite a las familias y por la capacidad que conserva la gente para vivir con dignidad.
Y cuando pagar lo indispensable se convierte en una preocupación permanente, la discusión deja de ser únicamente fiscal. Se convierte en una discusión sobre las prioridades del Estado y la calidad de vida de quienes sostienen la economía con su trabajo.