Santo Domingo. – El Ministerio Público solicitó este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra los 26 imputados arrestados en la Operación Cobra 2.0-A, a quienes vincula con un presunto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que 10 de los imputados admitieron los hechos que les atribuye el órgano acusador.
“10 de los imputados han admitido los hechos, han estado contestes con los hechos que el Ministerio Público les ha imputado”, declaró Ortiz a periodistas a su salida del tribunal.
La audiencia fue aplazada para este jueves 24 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El Ministerio Público también pidió que el proceso sea declarado de tramitación compleja, alegando la existencia de múltiples hechos, víctimas y personas presuntamente involucradas.
Presentan 483 elementos de prueba
Durante la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, presentó los argumentos y elementos con los que el Ministerio Público busca sustentar la prisión preventiva.
Según Ortiz, la acusación presentada ante el tribunal contiene 483 elementos de prueba, distribuidos en 234 pruebas documentales, 91 materiales, 82 documentos procesales y 76 periciales.
La representante del Ministerio Público sostuvo que el caso no se limita a un presunto perjuicio económico, sino que, según la investigación, también habría afectado el derecho a la salud de afiliados de SeNaSa.
“Se generaron cargos ficticios que redujeron el monto de los servicios a los cuales tenían derecho”, afirmó Ortiz durante la audiencia.
El órgano acusador sostiene que los imputados habrían participado en un esquema mediante el cual se utilizaron datos de pacientes para registrar servicios médicos que, según la investigación, no habrían sido realizados.
¿Quiénes enfrentan la solicitud de prisión preventiva?
La solicitud de 18 meses de prisión preventiva fue presentada contra Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
También figuran la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Completan el grupo Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
El Ministerio Público sostiene que la prisión preventiva es necesaria para garantizar el desarrollo de la investigación y evitar riesgos para las víctimas y los elementos de prueba que aún podrían ser incorporados al proceso.
El caso Cobra
La Operación Cobra 2.0-A constituye una nueva etapa de la investigación iniciada con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público arrestó el año pasado al entonces director ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y a otros nueve imputados.
En esa primera etapa también fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
A ese grupo el Ministerio Público le atribuye, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Las imputaciones forman parte de un proceso que todavía se encuentra en curso y deberán ser examinadas por los tribunales.
Otra investigación vinculada a SeNaSa
El Ministerio Público también relaciona estas investigaciones con la Operación Onco14, ejecutada en junio pasado y que derivó en el arresto de tres personas por un presunto esquema de fraude relacionado con el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y SeNaSa.
Por ese caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de Tócate RD-Casa de Acogida, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó funciones administrativas y de auditoría en el patronato.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario.
El proceso de Cobra 2.0-A continuará este jueves, cuando el tribunal retome la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción presentada contra los 26 imputados.