Puerto Plata. – El abogado y politólogo Eddy Alcántara planteó modificar las normas procesales y algunas leyes sectoriales para fortalecer la persecución del delito y el crimen organizado.
Durante su participación en la segunda edición del Congreso Internacional de Derecho, Alcántara sostuvo que la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal, que incorpora nuevas conductas sancionables, debe estar acompañada de una revisión de las reglas que rigen los procesos judiciales.
“También debe prestarse atención al proceso previo a la sanción definitiva de los tribunales”, afirmó.
Alcántara consideró que las normas procesales deben establecer mayores controles para evitar que personas acusadas de delitos graves obtengan con facilidad la libertad durante el proceso o queden en libertad tras decisiones judiciales que, según su planteamiento, no respondan a la gravedad de los hechos imputados.
Propuso revisar las disposiciones relacionadas con los derechos individuales y colectivos, de manera que los organismos encargados de la prevención, investigación, persecución y sanción del delito dispongan de herramientas adecuadas para enfrentar el crimen organizado.
El abogado sostuvo que las penas están contempladas en el nuevo Código Penal, pero cuestionó algunos efectos que atribuye a la normativa procesal, particularmente en materia de libertad de personas sometidas a procesos penales.
A su juicio, el sistema actual puede generar condiciones que favorezcan la comisión de delitos cuando las garantías procesales no logran establecer un equilibrio adecuado entre los derechos de los imputados y la protección de las víctimas y de la sociedad.
También planteó revisar las obligaciones y responsabilidades de los funcionarios encargados de prevenir, investigar y perseguir el delito, con el propósito de que la legislación establezca con mayor claridad los deberes que deben cumplir en el ejercicio de sus funciones.
Durante su exposición, Alcántara señaló que el crimen organizado y las nuevas formas de delincuencia constituyen un desafío para los Estados debido, entre otros factores, a la lentitud de los procesos, la corrupción institucional y el rezago tecnológico.
“Ante esta realidad, los Estados democráticos deben responder con firmeza, sin renunciar a sus principios fundamentales”, sostuvo.
Alcántara afirmó que una legislación efectiva no debe eliminar las garantías ciudadanas, sino incorporar herramientas como la inteligencia, la tecnología, la reforma policial y mecanismos contra la corrupción para mejorar la respuesta estatal frente al crimen organizado.