Santo Domingo. – Un ciudadano colombiano que intentó salir de República Dominicana con más de 600 mil dólares sin declarar deberá cumplir prisión preventiva, luego de que un tribunal de Santo Domingo Este acogiera la solicitud presentada por el Ministerio Público.
El imputado, Mauricio Alberto Ossa Ospina, de 47 años, fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, mientras continúa la investigación por presuntas infracciones relacionadas con el lavado de activos y el contrabando.
La medida fue impuesta por el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, que además declaró complejo el caso. La decisión se produjo después de seis aplazamientos de la audiencia solicitados por la defensa.
Las divisas fueron detectadas en el equipaje
Ossa Ospina fue arrestado el 3 de septiembre, alrededor de las 5:00 de la tarde, en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Panamá.
Según los documentos presentados por el Ministerio Público, durante la intervención se le ocuparon US$600,700, cinco euros y 647,000 pesos colombianos, dinero que no había sido declarado ante las autoridades correspondientes. También fueron incautados un teléfono celular y un pasaporte.
La detección de las divisas se produjo durante la revisión del equipaje, luego de que el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) alertara a personal de la Dirección General de Aduanas (DGA).
La solicitud de medida de coerción señala que el extranjero había llegado al país ese mismo día en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Medellín, Colombia.
Investigan posible lavado de activos
La Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público está a cargo de las investigaciones, bajo la dirección de la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta.
En el caso trabajan el procurador general de corte de apelación Taipey Joa Saad, la procuradora fiscal Angie Castro y el fiscalizador de Santo Domingo Este, Welinston Gómez. Castro representa al órgano acusador en el proceso.
El Ministerio Público atribuye provisionalmente al imputado infracciones contempladas en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, específicamente en sus artículos 4, numeral 12, y 65. También invoca los artículos 338, 339 y 343 de la Ley 168-21 de Aduanas, relativos al contrabando.
Para solicitar la prisión preventiva, el órgano acusador presentó pruebas documentales, materiales y testimoniales que, según afirma, vinculan a Ossa Ospina con los hechos investigados.
La declaratoria de complejidad responde a la necesidad de ampliar el plazo para completar las diligencias, determinar las circunstancias del caso y presentar la acusación u otro requerimiento conclusivo.
La responsabilidad penal del imputado deberá determinarse durante el proceso judicial, conforme a las garantías legales y al principio de presunción de inocencia.