Villa Altragcia. – Después de permanecer casi tres años prófugo, Vicente Oviedo Beltré, alias Celin, deberá cumplir tres meses de prisión preventiva por su presunta responsabilidad en la muerte de Lucía Paulino Puello, de 62 años, ocurrida en octubre de 2023 en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
La medida fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa jurisdicción, luego de que el Ministerio Público presentara los elementos que sustentan la acusación. El imputado fue arrestado el pasado 13 de octubre, mediante una orden judicial.
La jueza Sudelgi Rosario Mena dispuso que el acusado sea trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras avanza el proceso judicial.
La persiguió hasta su vivienda, según la acusación
La investigación establece que el caso comenzó con una discusión entre Oviedo Beltré y su esposa en un negocio ubicado en el sector Las Batatas, en el kilómetro 40 de la autopista Duarte.
Según el expediente, Miguel Antonio Aponte Paulino, hijo de la víctima, intervino en el conflicto y posteriormente salió del lugar para dirigirse a su residencia, luego de que el imputado intentara agredirlo con un arma blanca.
El Ministerio Público sostiene que Oviedo Beltré lo persiguió hasta la vivienda y forzó la puerta para entrar. Allí encontró a Lucía Paulino Puello, a quien presuntamente atacó con un cuchillo, provocándole una herida en el tórax que le causó la muerte.
El cadáver fue levantado durante la madrugada del 16 de octubre de 2023 por un equipo integrado por representantes del Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional y un médico legista.
De acuerdo con las investigaciones, varios testigos observaron al presunto agresor retirarse del lugar con el arma blanca utilizada en el hecho.
Fiscalía mantiene la acusación por asesinato
Los fiscales José Andrés Fernández Javier y Eladio Angustia Marte están a cargo de la investigación, mientras que la fiscal litigante Rosa Hernández presentó los argumentos para solicitar la medida de coerción.
El Ministerio Público califica provisionalmente los hechos como asesinato e infracciones a la legislación sobre control y regulación de armas, conforme a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16.
El proceso continuará en los tribunales para determinar la responsabilidad penal del imputado.