Santo Domingo. – La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Migración (DGM) retiraron 56,140 impedimentos de salida del país y alertas migratorias tras una revisión de registros acumulados entre 1990 y 2026, con el objetivo de mantener activos únicamente los controles que cuenten con sustento judicial.
La depuración permitió identificar registros cuyos procesos ya habían concluido, controles que habían cumplido su finalidad y anotaciones que carecían de la debida individualización o de una base legal que justificara su permanencia en el sistema.
La revisión se realizó durante más de seis meses mediante una mesa técnica integrada por representantes de ambas instituciones, que examinó los datos históricos para identificar restricciones que podían afectar el derecho al libre tránsito de los ciudadanos.
Revisan registros acumulados durante décadas
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, solicitó formalmente al director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que se retiraran los controles que no reunieran los requisitos legales, independientemente de la institución o autoridad que los hubiera registrado.
Entre los casos revisados figuran impedimentos individualizados sin sustento legal, registros históricos que no identificaban adecuadamente a las personas afectadas y restricciones cuyos objetivos ya se habían cumplido.
Según explicaron la PGR y la DGM, parte de estas anotaciones permanecía en el sistema pese a que las circunstancias que les dieron origen habían cambiado o desaparecido. También se detectaron registros relacionados con órdenes judiciales que no individualizaban a las personas afectadas.
La medida busca evitar que los ciudadanos continúen sujetos a restricciones migratorias que no estén respaldadas por una disposición judicial vigente.
Preparan nuevo sistema para gestionar impedimentos
Las instituciones informaron que la mesa técnica continuará trabajando hasta completar la depuración de los datos y poner en funcionamiento un nuevo sistema de interoperabilidad para gestionar la colocación y el levantamiento de impedimentos de salida.
La entrada en funcionamiento de esa plataforma está prevista para diciembre de 2026 y procura mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de registrar y ejecutar estas restricciones.
La PGR y la DGM señalaron que el proceso se fundamenta en las disposiciones constitucionales sobre las atribuciones del Ministerio Público, la libertad personal y el libre tránsito, así como en la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.