La Romana. – La investigación por presuntas operaciones financieras irregulares en La Romana suma nuevas denuncias mientras tres personas enfrentan un año de prisión preventiva por su supuesta vinculación con la captación y manejo de dinero de terceros a través de dos sociedades comerciales.
Los procesados son Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis. La jueza Margarita Cristo Cristo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, acogió la solicitud del Ministerio Público, declaró complejo el caso e impuso la medida de coerción.
Según el órgano acusador, las operaciones investigadas se desarrollaron entre diciembre de 2020 y abril de 2026 mediante las empresas Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S. A., y AERR Group, S. R. L. Los recursos se recibían en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros bajo acuerdos vinculados a operaciones cambiarias, devolución del capital y rendimientos por inversiones.
Aumentan las denuncias y las pérdidas estimadas
El Ministerio Público calculó inicialmente el perjuicio económico en más de RD$57.8 millones, US$317,000 y 160,000 euros. Sin embargo, el monto podría ser mayor, debido a que otras 100 personas han presentado denuncias conforme avanzan las investigaciones.
Las autoridades también investigan las diferencias en las autorizaciones de ambas sociedades. Mientras Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S. A., estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaria, AERR Group, S. R. L., no contaba con registro ni autorización para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
Los tres imputados fueron arrestados mediante órdenes judiciales en septiembre. Rodríguez Reyes y Rodríguez Rondón deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia, mientras que Rodríguez Ellis será recluida en la cárcel pública de esa provincia.
Buscan determinar el destino del dinero
La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución, y la Fiscalía de La Romana tienen a su cargo las pesquisas.
El Ministerio Público atribuye a los procesados presuntos delitos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza y lavado de activos, además de posibles violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores.
La investigación permanece abierta para establecer el destino de los recursos, precisar el alcance económico de las operaciones e identificar a otras posibles víctimas.
Los señalamientos forman parte de la acusación del Ministerio Público y deberán ser examinados durante el proceso judicial. La medida de coerción no supone una declaración de culpabilidad.