Santo Domingo, República Dominicana. — Un amplio operativo policial y militar provocó la mañana de este sábado el bloqueo de un tramo clave de la avenida Máximo Gómez, desde la 27 de Febrero hasta la John F. Kennedy, en medio de un desalojo que ha generado denuncias por presuntas irregularidades y uso excesivo de la fuerza.
La intervención se llevó a cabo en los terrenos ubicados en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, donde operaba el reconocido punto comercial Teleofertas, vinculado al fallecido empresario Johny Marte y su esposa Rosalinda Rodríguez.
Según informaciones preliminares, el proceso de desalojo se fundamenta en una notificación emitida mediante acto de alguacil el pasado 2 de febrero de 2026, en la que se otorgaba un plazo de 30 días. Sin embargo, los afectados aseguran que dicha notificación no fue debidamente comunicada, lo que —a su juicio— vulnera las garantías del debido proceso.
A pesar de estos señalamientos, las autoridades procedieron con la ejecución del desalojo apoyadas por más de mil agentes del orden, lo que ha sido calificado por distintos sectores como un uso desproporcionado de la fuerza.
El lugar intervenido cuenta con más de tres décadas de historia en el comercio dominicano, siendo un referente desde finales de los años 80, cuando surgió como parte del desarrollo de Teleofertas, considerado uno de los primeros programas de ventas por televisión en el país. Con el paso del tiempo, el espacio evolucionó hasta convertirse en un centro moderno bajo el concepto Open Fitness Club.
La magnitud del operativo ha generado preocupación entre ciudadanos y comerciantes de la zona, debido al cierre total de importantes vías y el impacto en la movilidad y la actividad económica en una de las áreas más transitadas del Distrito Nacional.
Ante la situación, los afectados han hecho un llamado a las autoridades para revisar la legalidad del procedimiento y garantizar el respeto a los derechos fundamentales, incluyendo el derecho de propiedad y la seguridad jurídica.
Asimismo, exhortaron a la opinión pública y a los medios de comunicación a dar seguimiento al caso, al considerar que no solo se trata de un conflicto sobre una propiedad privada, sino de un espacio con valor histórico y comercial para la ciudad.