Santiago. – El imputado Héctor Antonio Lora Cruceta continuará en prisión preventiva por 18 meses, luego de que una jueza de Santiago ratificara este martes la medida de coerción en su contra por el caso Operación Onco14.
La decisión fue adoptada por la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, quien acogió la solicitud del Ministerio Público al considerar que no han cambiado las condiciones que dieron lugar a la imposición de la medida.
Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), está acusado por el Ministerio Público de formar parte de una estructura que habría utilizado esas entidades para ejecutar operaciones fraudulentas y desviar recursos.
El imputado cumple la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago.
Su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, también guarda prisión preventiva en el CCR Rafey Mujeres. Guzmán preside la fundación Tócate RD-Casa de Acogida y su revisión obligatoria fue fijada para el próximo 2 de diciembre.
La fecha responde a que la Corte de Apelación de Santiago conoció el 2 de septiembre un recurso relacionado con su medida de coerción, por lo que el plazo para la nueva revisión comenzó a contarse desde ese momento.
En tanto, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, permanece bajo arresto domiciliario después de renunciar a la revisión de la medida. Vargas Sánchez ocupó la vicepresidencia del Patronato y, según el expediente, desempeñó funciones de auditoría interna y externa mientras Lora Cruceta presidía la entidad.
¿Qué investiga el Ministerio Público?
La investigación de Onco14 incluye presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos y servicios del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Entre los hechos investigados figuran fraude clínico y farmacéutico, modificación de indicaciones médicas, utilización de sellos médicos falsos, doble facturación a SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos.
El Ministerio Público también atribuye a los imputados la presunta venta de medicamentos donados, operaciones de contrabando mediante exoneraciones fiscales y tráfico de sustancias controladas.
El expediente incluye además alegaciones sobre el uso de habitaciones del centro oncológico para realizar cirugías estéticas, gastos de representación que la fiscalía considera irregulares, reembolsos fraudulentos de viajes y hoteles, así como sabotaje digital, sustracción de archivos y lavado de activos.
Según los investigadores, la fundación Tócate RD-Casa de Acogida habría sido utilizada para distraer recursos y cobrar a SeNaSa por servicios y medicamentos que no habrían sido suministrados a pacientes del oncológico.
El Ministerio Público también investiga supuestos sobornos a distribuidoras de medicamentos y la asignación de salarios, viáticos y otros beneficios que, según la acusación, no correspondían al personal de las entidades.
El caso fue declarado de tramitación compleja y permanece bajo investigación.
La audiencia de este martes estuvo a cargo del equipo del Ministerio Público integrado por el procurador de corte adscrito a la Dirección General de Persecución, Eduardo Velázquez, y la fiscal de Santiago, Heidys de León.