LOS ÁNGELES, EE.UU. – Una jueza federal bloqueó de manera permanente una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que obligaba a los ciudadanos a presentar documentos que acreditaran su ciudadanía estadounidense al momento de registrarse para votar mediante el formulario federal.
La decisión fue emitida por la jueza Denise Casper, del Tribunal de Distrito de Boston, quien concluyó que el mandatario carece de autoridad constitucional para imponer cambios de esa naturaleza al sistema electoral del país.
La magistrada ya había suspendido temporalmente la medida el año pasado tras acoger una demanda presentada por varios estados gobernados por demócratas, que argumentaron que la orden violaba el principio de separación de poderes y las competencias reservadas a los estados en materia electoral.
En su fallo, Casper recordó que la Constitución de Estados Unidos no otorga al presidente facultades específicas para regular las elecciones, una responsabilidad que corresponde principalmente a los estados y al Congreso.
La orden ejecutiva instruía a la Comisión de Asistencia Electoral a exigir una prueba documental de ciudadanía —como un pasaporte estadounidense— para completar el registro de votantes. Los demandantes sostuvieron que la medida podría dificultar el acceso al voto de millones de ciudadanos, especialmente personas de bajos ingresos y miembros de minorías que no disponen fácilmente de esos documentos.
La iniciativa también contemplaba impedir el conteo de votos enviados por correo que llegaran después del día de las elecciones, incluso en estados donde esa modalidad está permitida por ley. Asimismo, establecía posibles sanciones y la retención de fondos federales para los estados que no cumplieran con las nuevas disposiciones.
Trump ha defendido reiteradamente la necesidad de endurecer los controles electorales, argumentando que existen riesgos de fraude vinculados a la participación de personas sin ciudadanía estadounidense, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas que respalden esas afirmaciones.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las principales impulsoras de la demanda presentada por 19 estados, celebró la decisión judicial y afirmó que el fallo protege uno de los derechos fundamentales de la democracia estadounidense.
El litigio es uno de varios frentes judiciales abiertos contra la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo de este año. Paralelamente, el mandatario impulsa en el Congreso el proyecto de ley SAVE America, que busca establecer requisitos más estrictos para el registro y la participación en elecciones federales.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero permanece estancada en el Senado. Este miércoles, Trump llegó a condicionar la firma de una ley relacionada con vivienda a la aprobación de esa propuesta legislativa, calificándola como una «emergencia nacional» en una publicación difundida a través de su red social Truth Social.