Santo Domingo. – El Ministerio de Cultura contrató por US$1,003,000, impuestos incluidos, a la firma Adell Merizalde Consulting, S.R.L. para representar al Estado dominicano en un proceso internacional de arbitraje de inversión, según consta en documentos oficiales de la contratación.
La adjudicación fue aprobada el 11 de febrero de 2026 por el Comité de Contrataciones Públicas del ministerio mediante la resolución CCP-2026-002. Al día siguiente, el entonces ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y el gerente de la firma, Stephan Adell, firmaron el contrato CULTURA-2026-00001.
La contratación se realizó mediante un procedimiento de excepción por selección directa, bajo el proceso identificado como CULTURA-CCC-PEOR-2026-0001, para servicios de representación jurídica y gestión de intereses.
Según el acta de adjudicación, la propuesta fue evaluada bajo el criterio de “cumple/no cumple” y considerada conforme con los requisitos técnicos y económicos establecidos. La decisión fue adoptada por unanimidad.
Contrato por 24 meses
La Dirección Jurídica del Ministerio de Cultura solicitó la contratación el 13 de enero de 2026. Posteriormente, el 30 de enero fue elaborado el informe que justificó recurrir al procedimiento de excepción y, el 3 de febrero, el Comité de Contrataciones autorizó solicitar la propuesta a la firma.
El contrato tendrá una vigencia inicial de 24 meses, aunque contempla modificaciones de acuerdo con el desarrollo del proceso arbitral y las actuaciones que sean necesarias hasta su conclusión.
Los US$1,003,000 representan el límite máximo de facturación de la firma por las actuaciones ordinarias previstas hasta la emisión del laudo final. Sin embargo, el monto no incluye otros gastos del proceso.
Entre los costos que quedarían fuera del contrato figuran los honorarios y gastos de árbitros, expertos y testigos, los costos administrativos de la institución arbitral y determinados gastos de funcionarios o empleados dominicanos vinculados al procedimiento.
Estos desembolsos adicionales deberán ser cubiertos por el Ministerio de Cultura. El contrato también contempla posibles variaciones derivadas de cambios en las tasas impositivas aplicables.
Como garantía de fiel cumplimiento, la firma presentó un aval bancario emitido por el Banco Popular Dominicano por el equivalente al 1 % del monto contratado, es decir, US$10,030.
Equipo jurídico
La defensa del Estado estará a cargo de los socios Stephan Adell, Juan Felipe Merizalde, Francisco Batlle y Nicolás Córdoba, además de los abogados Gabriela Santana, Carmen Haché y Simón García.
Entre las tareas previstas están la definición de la estrategia jurídica, preparación de escritos de defensa, réplica y dúplica, participación en las audiencias y elaboración de informes sobre la evolución del arbitraje.
El expediente señala que el proceso de selección estuvo precedido por una evaluación del Comité Interinstitucional de Solución de Controversias, integrado entonces por representantes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Cultura y dependencias del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Además, el 26 de marzo de 2025 fueron invitadas firmas especializadas en arbitraje de inversión para presentar información sobre su experiencia en la representación de Estados, participación en procesos ante el CIADI y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), así como sus equipos y propuestas económicas.
El contrato establece que desde el 1 de junio de 2026 la coordinación de la defensa pasaría a la Dirección de Solución de Controversias y Arbitrajes del Ministerio de Justicia, en virtud del traspaso de atribuciones dispuesto por la Ley Orgánica núm. 80-25.
Sin información sobre quién demandó al Estado
Uno de los aspectos que no queda establecido en la documentación disponible es quién interpuso el arbitraje contra República Dominicana.
La resolución de adjudicación y las páginas del contrato suministradas para esta información tampoco identifican el monto reclamado, la inversión que originó la controversia ni el organismo arbitral encargado de conocer el caso.
La información disponible corresponde a diez páginas físicas con numeración impar de un contrato de 19 páginas, por lo que no se cuenta con el documento completo. Esto impide conocer detalles adicionales sobre los antecedentes y el objeto específico del conflicto.
La resolución dispone la publicación de la adjudicación en el portal institucional del Ministerio de Cultura y en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas. El contrato establece, además, que su entrada en vigor depende de dicha publicación y de su registro ante la Contraloría General de la República.