Santo Domingo. – El Ministerio Público acusó formalmente a 13 personas y cinco empresas de formar parte de una estructura que, según la investigación, habría estafado a 141 personas en Estados Unidos, principalmente mediante llamadas, suplantaciones de identidad y otras modalidades de fraude electrónico.
La acusación, presentada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago, solicita la apertura a juicio contra los imputados en el proceso derivado de la Operación Discovery 3.0.
El expediente estima en unos US$5 millones las pérdidas ocasionadas a las víctimas y señala que el dinero obtenido era enviado a República Dominicana, donde posteriormente era movilizado a través de cuentas bancarias, remesadoras, criptomonedas, terceros y sociedades comerciales.
Entre los acusados se encuentran Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez, José Ramón López Tavárez, alias William el Técnico, Luis Eduardo Méndez Ureña, Gipsy Pamela Castaños García, Ana Marleny Estévez Díaz, Justa Vélez Genao, Miguel José Rodríguez Grullón y Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo.
Las empresas incluidas en la acusación son Inversiones Dolores Santana Inverdosa (INVERDOSA), JLNG Terracell, Rodríguez Vásquez MK Comercial, INVERMEG y Qemert Pro Technology.
Una red con operaciones en EE. UU. y RD
De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura tenía operaciones principalmente en el norte de República Dominicana y mantenía vínculos con varias ciudades estadounidenses.
Los investigadores sostienen que utilizaba centros de llamadas clandestinos y técnicas de ingeniería social para contactar a las víctimas. Entre los métodos descritos en el expediente figuran la suplantación de familiares y autoridades, intimidación, sextorsión y otras formas de engaño, con especial atención en personas de edad avanzada.
El supuesto esquema estaba dividido, según la acusación, en cuatro fases: localización de las víctimas, ejecución del fraude, traslado del dinero y posterior lavado de los recursos.
Una vez recibidos en República Dominicana, los fondos habrían sido utilizados en la compra de vehículos, bienes inmuebles y otras operaciones comerciales, además de ser movilizados mediante las sociedades vinculadas a los acusados.
Movimientos millonarios bajo investigación
La investigación financiera identificó operaciones que, según el expediente, oscilaron entre RD$12 millones y más de RD$120 millones.
También fueron detectados registros financieros superiores a RD$134.8 millones y acreditaciones bancarias que superaron los RD$20 millones en un período menor de un año.
El Ministerio Público sostiene que esos movimientos financieros no guardaban correspondencia con las actividades económicas ni con los ingresos lícitos declarados por los acusados, por lo que los investigadores los vinculan con los recursos obtenidos mediante las estafas.
A algunos de los imputados también se les atribuyen violaciones a la legislación dominicana sobre armas de fuego, mientras que a las cinco sociedades comerciales se les imputan infracciones relacionadas con lavado de activos, régimen tributario y legislación monetaria y financiera.
Investigación con apoyo del FBI
Las pesquisas fueron realizadas con cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y participación de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional de la Policía Nacional.
Como parte de la investigación, fueron extraditados a Estados Unidos Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, señalados por las autoridades como principales líderes de la estructura.
Los cuatro enfrentan un proceso judicial en Boston, Massachusetts.
La acusación depositada en Santiago busca que los 13 imputados y las cinco empresas sean enviados a juicio para responder por las imputaciones de estafa electrónica, asociación de malhechores y lavado de activos, entre otras infracciones señaladas por el Ministerio Público.