Santo Domingo. – Una mujer enfrenta una acusación del Ministerio Público por presuntamente hacerse pasar por la esposa de un oficial de la Policía Nacional fallecido y cobrar, durante varios años, una pensión de sobrevivencia que le habría permitido recibir cerca de RD$1 millón.
Se trata de Dilennys Mercedes Mercedes Rossó, contra quien la Fiscalía presentó acusación formal y solicitó la apertura a juicio ante el Décimo Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este. La imputada cumple arresto domiciliario.
De acuerdo con la investigación, la mujer habría utilizado un acta de defunción falsa para acreditar que era la esposa superviviente de un primer teniente policial fallecido el 13 de febrero de 2019 y gestionar así el beneficio económico.
La denuncia fue presentada por familiares del agente, quienes cuestionaron que la acusada se hiciera pasar por viuda de su pariente.
Documentos incorporados al expediente indican que Mercedes Rossó comenzó a recibir la pensión del Plan de Retiro de la Policía Nacional el 25 de abril de 2020, por un monto mensual de RD$13,814.55. En total, habría cobrado aproximadamente RD$998,000, incluidos los pagos correspondientes a regalía.
La Dirección Nacional del Registro Civil certificó que no existe en su sistema automatizado un registro de matrimonio entre la imputada y el oficial fallecido. En cambio, sus registros consignan que ella contrajo matrimonio civil con otro hombre el 10 de abril de 2025, en la Oficialía de la Quinta Circunscripción de Santo Domingo Norte.
El expediente también contiene un dictamen pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), además de certificaciones oficiales y otras pruebas documentales que el Ministerio Público utilizará para sustentar la acusación.
La mujer es procesada por presunta violación de los artículos 147, 148, 150 y 151 del antiguo Código Penal Dominicano, así como del artículo 210 de la Ley 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, por falsificación y uso de documentos falsos y estafa.
En el proceso figuran como afectados el Estado dominicano, la Junta Central Electoral, los familiares del oficial y el Comité de Retiro de la Policía Nacional, que también presentó una querella.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Esther María González Peguero y del procurador de corte Pedro Jiménez Suero, adscrito al Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este.
La audiencia para conocer la solicitud de apertura a juicio fue fijada para el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.

