Santo Domingo. – El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional mantuvo este jueves la prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y otros cuatro imputados en el expediente de corrupción administrativa desmantelado mediante la Operación Cobra.
La decisión del juez Deiby Timoteo Peguero alcanza también a Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, señalados por el Ministerio Público como integrantes de la estructura que habría desfalcado con miles de millones de pesos a la aseguradora estatal.
En cambio, el tribunal dispuso variar la medida de coerción de Rafael Luis Martínez Hazim, quien cumplirá arresto domiciliario con dispositivo electrónico, luego de que su defensa presentara argumentos relacionados con su condición médica. La nueva disposición incluye una garantía económica de RD$15 millones, mediante una aseguradora, e impedimento de salida del país.
Durante la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se opuso a las solicitudes de modificación de las medidas y sostuvo que no existían razones para reducir las restricciones impuestas a los procesados.
“No hay un solo elemento que haga variar la medida de coerción”, expresó Camacho ante el tribunal.
Al fundamentar su decisión, el magistrado consideró que se mantienen las circunstancias que motivaron la imposición de la prisión preventiva, entre ellas la gravedad de los hechos atribuidos a los imputados, el peligro de fuga y la necesidad de resarcir los daños ocasionados al Estado y a la sociedad.
El juez también tomó en cuenta los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional para la revisión de las medidas de coerción y concluyó que persisten los motivos que justifican la prisión preventiva de Santiago Hazim, Gustavo Messina y Germán Robles.
La defensa de Ramón Alan Speakler y Rafael Martínez Hazim había solicitado separar la revisión obligatoria de sus medidas, debido a que ambos tienen pendiente una audiencia de apelación ante la Primera Sala de la Corte de Apelación, pautada para el 10 de noviembre. Sin embargo, el Ministerio Público argumentó que la existencia de ese recurso no impedía conocer la revisión, posición que acogió el magistrado al declarar inadmisible el pedimento.
El tribunal fijó para el próximo 26 de noviembre la lectura íntegra de la decisión.
La prisión preventiva contra los principales imputados ya había sido ratificada en agosto pasado.
Otros procesados y operaciones vinculadas
Por el expediente también está imputada Ada Ledesma Ubiera, quien cumple arresto domiciliario. Asimismo, figuran Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes se les impusieron medidas de coerción que incluyen arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Otro de los procesados es Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó el pasado 30 de julio los 18 meses de prisión preventiva que cumple desde mayo.
La Operación Cobra fue puesta en marcha por el Ministerio Público para desarticular una presunta estructura de corrupción que habría operado dentro de SeNaSa, en coordinación con funcionarios y prestadores de servicios de salud, mediante mecanismos fraudulentos para sustraer recursos públicos.
A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, así como lavado de activos.
De acuerdo con el órgano acusador, durante la investigación se han recopilado evidencias sobre supuestos pagos de sobornos, alteración de estados financieros y utilización de programas especiales sin respaldo jurídico para distraer fondos de la institución.
Investigaciones relacionadas
El Ministerio Público también ha desarrollado otras investigaciones relacionadas con presuntas estructuras fraudulentas en el sector salud.
En junio puso en marcha la Operación Onco14, mediante la cual fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa Luisa Yasiris Guzmán y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, por su presunta vinculación con maniobras que habrían perjudicado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao, a pacientes y al SeNaSa.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez tiene arresto domiciliario.
Posteriormente, en septiembre, el órgano persecutor ejecutó la Operación Cobra 2.0-A, en cuyo proceso fueron sometidas a la justicia 24 personas, entre ellas varios médicos, a quienes les fueron impuestas medidas de coerción.