Santo Domingo. – La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó este miércoles la prisión preventiva impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, procesado por presuntamente recibir un soborno de 10 mil dólares durante una entrega controlada realizada por las autoridades.
La decisión fue adoptada luego de que el tribunal rechazara un recurso de apelación interpuesto por el imputado contra la medida de coerción dictada el pasado 6 de mayo.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, valoró la decisión judicial y sostuvo que la prisión preventiva es proporcional a la gravedad de los hechos atribuidos al funcionario.
Según el Ministerio Público, Valdez Alcántara solicitó dinero con el propósito de manipular procesos de investigación que estaban bajo su responsabilidad.
Camacho afirmó que existen evidencias materiales que comprometen al imputado, entre ellas una entrega controlada en la que el dinero utilizado fue previamente identificado y marcado por las autoridades.
“El dinero salió del Ministerio Público, fue fotografiado antes de la entrega y posteriormente ocupado al imputado”, explicó el representante del órgano acusador al concluir la audiencia.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, presidida por el juez Francisco Jerez Mena, consideró que se mantienen intactos los presupuestos que motivaron originalmente la imposición de la prisión preventiva.
Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que la gravedad del caso radica no solo en el presunto soborno, sino en la condición de funcionario judicial del acusado.
“Al funcionario público se le exige más que al ciudadano común, porque tiene la responsabilidad de perseguir el delito y hacer cumplir la ley”, expresó Camacho.
Valdez Alcántara cumple una medida de coerción de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El expediente señala que el fiscal habría exigido inicialmente 200 mil dólares a una persona bajo investigación, monto que posteriormente redujo a 150 mil dólares durante negociaciones en las que también mostró interés en obtener un reloj Rolex y un vehículo Mercedes Benz.
El Ministerio Público le atribuye violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.