La Fuerza Nacional Progresista (FNP), a través de su presidente en funciones y vicepresidente político de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), emitió una declaración pública en la que alerta al pueblo dominicano sobre lo que califica como peligrosas maniobras promovidas por sectores enquistados en los poderes y órganos públicos, que responden —según denuncia— a directrices de intereses foráneos con el objetivo de conferir competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La organización política advierte que dicha instancia jurisdiccional continental ha pretendido, en el pasado reciente, desconocer decisiones trascendentales de los poderes públicos dominicanos en materia de nacionalidad, un ámbito que pertenece de manera exclusiva al dominio reservado de los Estados. Más grave aún, sostiene la FNP, ha sido el intento de la CIDH de despojar al Estado dominicano de su derecho inalienable a definir quiénes son sus nacionales, actuación que califica de arrogante e inaceptable.
En ese sentido, la FNP subraya que quienes operan “en las sombras” para avanzar esa agenda deben tener plena conciencia de que tales acciones constituyen una violación flagrante del artículo 3 de la Constitución de la República, lo que —advierte— legitima al pueblo dominicano a resistirlas y enfrentarlas en todos los planos. A juicio de la organización, una agresión de esa naturaleza contra la existencia misma de la nación solo puede conducir a la desestabilización y a la ingobernabilidad.
Asimismo, la Fuerza Nacional Progresista hace un llamado al liderazgo nacional, en todos los ámbitos, a aprovechar la actual coyuntura de profundos cambios en el escenario global, continental, regional e insular, particularmente a partir de los giros estratégicos en la política exterior de la administración Trump. Considera que este contexto debe servir para romper con lo que denomina la “trampa mortal del Estado Mercado Insular Binacional”, resultado —según afirma— de imposiciones abusivas de Estados Unidos y organismos internacionales, desde la administración Clinton hasta la administración Biden, incluyendo la de George W. Bush.
La organización también rechaza de manera categórica que grupos de poder económico y político continúen actuando como si la República Dominicana fuera “su finca con pasaporte”, utilizando la compleja crisis haitiana y sus efectos sobre el país como moneda de cambio para la negociación de intereses particulares o corporativos frente a potencias extranjeras. Enfatiza que esos intereses no representan ni al pueblo ni a la nación dominicana.
Finalmente, la FNP reitera su reclamo urgente al Presidente de la República y al Congreso Nacional para que adopten medidas extraordinarias en materia de seguridad y defensa nacional, comenzando por la declaratoria de estados de excepción por defensa y emergencia nacional en toda la región fronteriza. Advierte que, en el actual contexto de conflicto y guerra global híbrida, los planes criminales —denunciados previamente tanto por la organización como por el actual secretario de Estado estadounidense Marco Rubio cuando era senador— orientados a provocar una agresión territorial y demográfica contra la República Dominicana bajo el ropaje de una “crisis humanitaria”, solo conducirían a convertir la isla de Santo Domingo en un grave atolladero para la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, haciendo inevitable un conflicto entre ambas naciones insulares