Santo Domingo. – Una investigación por la presunta utilización de identidades suplantadas y documentos migratorios falsos para sacar adolescentes de República Dominicana llevó a un tribunal de Santo Domingo Este a imponer prisión preventiva a dos mujeres y medidas de coerción menos severas a una tercera imputada.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dispuso que Adolfina Paula Pimentel y Cristian del Carmen Rosario Rodríguez cumplan tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal. A Yaribel Cristina Esquea le impuso una garantía económica de RD$50,000, a través de una compañía aseguradora, y presentación periódica ante el Ministerio Público.
El tribunal declaró complejo el proceso, en el que las autoridades investigan una presunta operación para trasladar menores por vía aérea hacia las islas de Tórtola y Dominica mediante la suplantación de identidad.
La alerta surgió en el aeropuerto
Según la solicitud de medida de coerción, el caso salió a la luz el 8 de octubre de 2026, cuando Pimentel llegó al área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas acompañada de dos adolescentes que viajarían hacia Tórtola y posteriormente a Dominica.
Durante la inspección, la mujer presentó varios permisos de salida. Uno de los documentos fue identificado como falso, lo que llevó a los inspectores a trasladarla, junto con las menores, al área de investigación migratoria.
Las entrevistas posteriores generaron nuevas sospechas: las adolescentes se comunicaban únicamente en creole, aunque los pasaportes que portaban las identificaban como ciudadanas dominicanas.
El expediente indica que Pimentel declaró que no conocía a las menores y que otras personas se las habían entregado en la terminal aérea. Tras detectar las irregularidades, las autoridades la arrestaron en flagrante delito.
Pasaportes emitidos con datos de otras menores
Como parte de las pesquisas, la Dirección General de Pasaportes certificó que los documentos utilizados por las adolescentes habían sido expedidos entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026, empleando registros de nacimiento de menores dominicanas cuyos padres residen en Villa Mella, Santo Domingo Norte.
El Ministerio Público atribuye a Esquea la presunta aceptación de una oferta económica para facilitar los datos personales de sus hijas, que supuestamente serían utilizados para registrar a otras niñas como si fueran descendientes suyas y obtener pasaportes con esas identidades.
La acusación también señala que Rosario Rodríguez habría ofrecido dinero a Esquea para facilitar la salida del país de una de las adolescentes.
Las autoridades han identificado hasta el momento a tres posibles víctimas, de 14 y 16 años, que permanecen bajo protección oficial.
Ministerio Público profundiza las investigaciones
En el caso participan la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Fiscalía de Santo Domingo Este, unidades especializadas del Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional.
Las pesquisas buscan establecer las responsabilidades individuales en los presuntos delitos de tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y suplantación de identidad para trasladar menores por vía aérea.
La solicitud de coerción fue presentada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, junto con otros representantes del Ministerio Público. Las medidas fueron dictadas por el juez Leomar Cruz Quezada.
Las imputaciones se encuentran bajo investigación y las medidas de coerción no constituyen una declaración de culpabilidad.