El caso SeNaSa vuelve a poner bajo escrutinio la forma en que el Ministerio Público desarrolla sus investigaciones de alto impacto.
Cuando los primeros imputados todavía no han llegado a juicio de fondo, las autoridades lanzan una segunda fase, con decenas de arrestos y allanamientos ejecutados desde la madrugada contra médicos y otras personas vinculadas a la institución.
El Ministerio Público sostiene que tiene elementos para involucrarlos en un supuesto entramado de corrupción, pero al mismo tiempo solicita 18 meses de prisión preventiva para continuar investigando.
Y ahí surge la pregunta: si había suficientes elementos para detener y allanar, ¿por qué se necesita un año y medio más para completar la investigación?
Un allanamiento no es una condena y una acusación tampoco demuestra culpabilidad. Las pruebas deben sostenerse ante un juez y determinar responsabilidades individuales.
El problema es que en República Dominicana estos casos suelen adquirir primero una enorme dimensión mediática y después enfrentarse al proceso judicial. Se anuncian operativos, aparecen nuevos detenidos y, antes de cerrar una etapa, ya se habla de otra: SeNaSa 1.0, 2.0 y hasta un posible 3.0.
La lucha contra la corrupción debe continuar, pero también debe existir transparencia sobre qué se tiene probado, qué falta por investigar y por qué la prisión preventiva se convierte en el tiempo para buscar más evidencias.
Porque la justicia no puede medirse por la cantidad de allanamientos o detenidos.
Al final, serán las pruebas presentadas ante los tribunales las que determinarán las responsabilidades.