REDACCIÓN. – Lo revelado la noche del lunes por la periodista Alicia Ortega, en torno a las fallas detectadas en las auditorías practicadas a instituciones gubernamentales durante el período comprendido entre agosto de 2020 y diciembre de 2025, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que la sociedad dominicana lleva demasiado tiempo haciéndose: ¿quién responde cuando los mecanismos llamados a fiscalizar el uso de los recursos públicos no cumplen adecuadamente su función?
Las observaciones relacionadas con las auditorías a entidades como la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) no son un asunto menor. La fiscalización del Estado constituye una de las principales herramientas para determinar cómo se administran los fondos públicos, identificar irregularidades y establecer responsabilidades cuando corresponda. Si ese proceso presenta deficiencias, la capacidad de prevenir, detectar y perseguir posibles actos de corrupción queda comprometida.
El problema, por tanto, va más allá de una auditoría con fallas o de una institución bajo escrutinio. Lo que está en juego es la confianza en todo un sistema que debería garantizar que el dinero de los contribuyentes sea administrado con transparencia, eficiencia y apego a la ley.
En República Dominicana, la corrupción se ha convertido en una preocupación recurrente que atraviesa gobiernos, instituciones y períodos políticos. Cada nueva denuncia, investigación o cuestionamiento sobre el manejo de los recursos públicos alimenta la percepción de que las consecuencias no siempre guardan proporción con la gravedad de los hechos. Y esa percepción termina afectando incluso a los funcionarios que desempeñan sus responsabilidades de manera correcta.
El problema no es solamente la corrupción; es también la posibilidad de que no haya consecuencias.
Un Estado democrático no puede descansar exclusivamente en promesas de transparencia, declaraciones de buenas intenciones o anuncios de medidas correctivas. Necesita instituciones capaces de investigar, fiscalizar y actuar con independencia, así como procedimientos que permitan establecer responsabilidades sin importar el cargo, la afiliación política o la posición económica de las personas involucradas.
Cuando las irregularidades se denuncian, pero no se conocen resultados concretos; cuando los informes de auditoría identifican deficiencias, pero la ciudadanía desconoce qué medidas se adoptaron; o cuando los expedientes se prolongan sin explicaciones suficientes, se profundiza la distancia entre las instituciones y la población.
Es importante hacer una distinción: una falla en una auditoría no demuestra por sí sola que hubo corrupción, ni una observación administrativa equivale automáticamente a un delito. Corresponde a los organismos competentes determinar qué ocurrió, quiénes tuvieron responsabilidad y si existen elementos para establecer consecuencias administrativas, civiles o penales. Pero precisamente por eso resulta indispensable que las investigaciones sean rigurosas y sus resultados, transparentes.
La impunidad, cuando se produce, no solamente perjudica las finanzas públicas. También envía un mensaje peligroso: que las normas pueden perder su fuerza cuando se trata de quienes tienen poder o influencia. En cambio, la aplicación consistente de la ley demuestra que los recursos del Estado no pertenecen a los funcionarios de turno, sino a una ciudadanía que financia los servicios públicos y tiene derecho a exigir cuentas.
Una sociedad que pierde la confianza
La desconfianza ciudadana no surge de la nada. Se alimenta de las experiencias acumuladas, de las denuncias que permanecen sin respuestas claras y de la sensación de que la rendición de cuentas no siempre funciona con la misma firmeza para todos.
Cuando esa desconfianza se instala, sus efectos trascienden la política. Debilita la disposición de la gente a creer en las instituciones, reduce la credibilidad de los discursos oficiales y puede llevar a muchos ciudadanos a pensar que participar, reclamar o denunciar no vale la pena.
Ese es uno de los costos más graves de la corrupción: no solo compromete recursos que podrían destinarse a hospitales, escuelas, transporte y otros servicios esenciales, sino que deteriora el vínculo entre el Estado y la sociedad.
Tampoco podemos ignorar que la corrupción y las deficiencias de fiscalización tienen consecuencias sobre el desarrollo. Un país necesita reglas claras, controles efectivos y garantías de que el dinero público será utilizado para resolver problemas colectivos. Sin esas condiciones, cualquier esfuerzo de modernización institucional corre el riesgo de quedarse a medio camino.
La transparencia debe producir resultados
La discusión que reabre este informe no debería agotarse en la indignación de un día ni convertirse en un episodio más del enfrentamiento político. La pregunta fundamental es qué harán las autoridades con las informaciones reveladas, cuáles mecanismos de control deben corregirse y cómo se garantizará que las auditorías cumplan su función.
La respuesta requiere informes accesibles, explicaciones públicas, seguimiento a las recomendaciones, investigaciones cuando existan indicios suficientes y sanciones cuando las responsabilidades queden debidamente establecidas. También exige fortalecer los órganos fiscalizadores para que puedan trabajar con independencia y sin presiones.
No basta con cambiar funcionarios si permanecen intactas las debilidades que permiten que los controles fallen. Tampoco basta con producir documentos si sus hallazgos no reciben seguimiento y la población no puede conocer qué ocurrió después.
La ciudadanía tiene derecho a saber si las observaciones fueron corregidas, si se determinaron responsabilidades y si los recursos públicos estuvieron expuestos a un manejo irregular. Exigir esas respuestas no es una posición partidaria: es una demanda legítima de rendición de cuentas.
República Dominicana no puede resignarse a convivir con la sospecha permanente ni aceptar que cada nueva denuncia termine sepultada por la siguiente noticia. Recuperar la confianza requiere hechos verificables, instituciones que funcionen y una justicia que actúe conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones.
Porque el verdadero avance de una sociedad no se mide únicamente por las obras que construye, las cifras que exhibe o los proyectos que anuncia. También se mide por su capacidad de impedir los abusos, corregir sus fallas y exigir responsabilidades a quienes administran el patrimonio colectivo.